Inteligencia, Estrecho y tablero geopolítico

La valla de Ceuta y Melilla no es solo una infraestructura de contención migratoria: es el único punto terrestre de contacto directo entre la Unión Europea y el continente africano y, por tanto, un escenario natural de confrontación entre servicios de inteligencia. Cada episodio de presión masiva sobre el perímetro —mayo de 2021 en Ceuta, junio de 2022 en Melilla, julio de 2026 de nuevo en Ceuta— debe leerse en dos planos simultáneos: el visible, de gestión de flujos humanos, y el clandestino, de penetración, reconocimiento y sondeo de la respuesta española. El patrón observado en 2021 y repetido en 2026 —relajación inicial del control marroquí, avalancha humana, despliegue improvisado de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y Ejército— ofrece al adversario exactamente la información que ningún ejercicio de simulación puede darle: tiempos de reacción reales, cadenas de mando activadas, saturación de protocolos.

Este capítulo analiza esa dimensión oculta en cinco bloques: el pulso entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED) marroquí; la doctrina de inteligencia humana (HUMINT) aplicada a las oleadas; dos casos de estudio de infiltración documentados; el ciberespionaje y las fisuras internas españolas; y, finalmente, la sociología de las oleadas, porque sin entender quién cruza y por qué resulta imposible distinguir entre migrante, activo insertado y población instrumentalizada.

6.1 El pulso CNI-DGED en la frontera

6.1.1 Asimetría presupuestaria versus agilidad operativa

La DGED es el servicio de inteligencia exterior marroquí. Su condición militar —depende orgánicamente de las Fuerzas Armadas Reales (FAR)— y la posición de su director desde 2005, el general Yassin Mansouri, explican buena parte de su eficacia operativa. Mansouri no es un funcionario interino: es amigo personal y compañero de clase de Mohamed VI en el Colegio Real de Rabat, lo que le otorga una línea directa con el Palacio que ningún servicio occidental puede replicar con su propio Gobierno. Su presupuesto se estima en torno a 100 millones de euros, cifra engañosamente modesta porque se complementa con fondos reservados no auditados y con la infraestructura logística de las FAR, que le ahorra costes de despliegue que cualquier servicio civil debe presupuestar.

El CNI, por su parte, contó con 337 millones de euros en 2023 (un 4,6% más que el año anterior) y con una ampliación extraordinaria de 106,36 millones en 2024, un incremento del 31,45% concentrado en ciberseguridad, inteligencia de señales (SIGINT) y el eje Magreb-Sahel. España dispone, por tanto, de un servicio más de tres veces mayor en presupuesto visible, sometido a control judicial (magistrado del Tribunal Supremo que autoriza las operaciones con afectación de derechos) y parlamentario (Comisión de Secretos Oficiales del Congreso). El contraste no es solo cuantitativo: es de cultura institucional. La DGED opera con agilidad de mando único, sin auditoría externa y con plazos de permanencia en el cargo que permiten acumulación de experiencia; el CNI opera bajo tutela jurídica, con rotaciones políticas en la dirección y con la obligación de documentar cada actuación intrusiva.

La lectura comparativa obliga a matizar la tentación de equiparar presupuesto con capacidad efectiva. España invierte más del triple, pero esa superioridad se diluye en tres factores: la amplitud de la agenda del CNI (terrorismo, ciberseguridad, Sahel, Rusia), que dispersa recursos frente a la concentración marroquí en un único adversario prioritario; el coste de cumplimiento normativo, que ralentiza la toma de decisiones intrusivas; y la ventaja territorial de la DGED, que opera en España en entorno permisivo —comunidad emigrada, colectividades, consulados— mientras el CNI opera en Marruecos en entorno hostil, bajo vigilancia de una contrainteligencia interior que es de las más densas de África. La ampliación presupuestaria de 2024 indica que Madrid ha asumido el diagnóstico de amenaza, pero el dinero tarda años en traducirse en redes humanas consolidadas, que es donde la DGED lleva dos décadas de ventaja.

6.1.2 El espionaje marroquí en España: segundo más agresivo tras el ruso

Los informes internos del CNI sitúan al espionaje marroquí como el segundo más agresivo desplegado en territorio español, solo por detrás del ruso. La valoración es significativa en sí misma: no procede de un Estado hostil lejano, sino del vecino con el que España comparte frontera terrestre, cooperación policial calificada de «ejemplar» por el Ministerio del Interior y la coorganización del Mundial de Fútbol de 2030. La paradoja es estructural: el mismo Estado cuyas fuerzas «han impedido miles de intentos» de entrada irregular (comunicados del Ministerio del Interior, julio 2026) mantiene el segundo despliegue ofensivo de inteligencia contra España.

Según los análisis de la contrainteligencia española, la firma operativa marroquí combina tácticas técnicamente elementales —seguimientos físicos, captación por proximidad, presión sobre emigrados— con una densidad de penetración muy alta, sostenida por el volumen de la comunidad marroquí residente en España y por la proximidad geográfica. Los objetivos prioritarios de la DGED en territorio español son tres: información geoestratégica (defensa, Estrecho, infraestructuras críticas), control de la disidencia saharaui y marroquí exiliada, e influencia política en los ámbitos municipal, autonómico y estatal. La respuesta española, según los mismos análisis, ha seguido dos vías discretas: el bloqueo de solicitudes de nacionalidad española de perfiles sospechosos mediante informes desfavorables del CNI ante la Audiencia Nacional —la nacionalización es la principal puerta de acceso a empleos sensibles— y la «quema» selectiva de agentes detectados, es decir, su exposición deliberada para inutilizarlos sin llegar a escándalo diplomático público. Es una guerra silenciosa, sin expulsiones espectaculares como las practicadas contra Rusia tras 2022, precisamente porque el coste diplomático de señalar a Rabat sería alto en plena dependencia del control migratorio externalizado.

6.2 Doctrina HUMINT y espionaje clandestino aplicados a la frontera

6.2.1 Por qué la distinción importa en el análisis de las oleadas

La doctrina militar estadounidense, recogida en los manuales FM 2-22.3 y FM 34-52 del Ejército de Estados Unidos, define la inteligencia humana (HUMINT) como una disciplina amplia: comprende desde la entrevista abierta y el interrogatorio hasta la gestión de informantes, los contactos diplomáticos y militares acreditados y la mera observación sobre el terreno. El HUMINT no implica clandestinidad ni ilegalidad: un agregado de defensa que conversa en una recepción oficial produce HUMINT. El espía, en cambio, es un subconjunto estricto: la persona que actúa clandestinamente contra los intereses del Estado receptor, bajo encubrimiento o con identidades falsas, asumiendo el riesgo penal correspondiente.

La distinción no es académica cuando se aplica a la frontera norte de África. España y Marruecos tienen desplegados agentes de ambos tipos en el territorio del otro, y el análisis de las oleadas migratorias exige saber qué se está buscando. Si la cuestión fuese solo cuántos informantes puntuales entran o salen, la frontera convencional sería un problema menor: ambos servicios disponen de canales regulares. La pregunta operativa relevante es otra: cómo insertar activos clandestinos —los que no pueden permitirse dejar rastro— en el territorio adversario. Y es ahí donde la valla, y sobre todo su colapso episódico, adquiere valor estratégico.

6.2.2 El marcaje fronterizo y la ventana de la avalancha

Todo paso por un puesto fronterizo convencional deja marcaje: registro documental, huella biométrica —reforzada desde el 3 de noviembre de 2025 por el Sistema de Entradas/Salidas (EES) europeo, plenamente operativo en abril de 2026—, archivo de matrículas, grabación de circuito cerrado y, en el caso de nacionales de terceros países, visado y motivo del viaje. Para un servicio de inteligencia, insertar un agente por vía convencional significa construir y mantener una leyenda documental costosa, y cualquier comprobación cruzada posterior puede quemarlo retroactivamente. El marcaje es, en términos de contrainteligencia, el principal filtro pasivo del Estado.

Las avalanchas eliminan ese filtro. Cuando miles de personas cruzan a nado o rodeando el espigón del Tarajal sin pasar por ningún control, el Estado receptor recibe población sin identificar, sin registro de entrada y, en la práctica, sin posibilidad de verificación: los análisis de la contrainteligencia española señalan que la verificación de identidad de un magrebí o subsahariano sin documentos es lenta, costosa y a menudo imposible. En esa masa indiferenciada, insertar media docena de activos sin quemar —sin exponer a los ya desplegados ni arriesgar los canales convencionales— tiene un coste marginal casi nulo. La avalancha funciona así como sistema de inyección: no importa que el 99% de quienes cruzan sean migrantes económicos genuinos; basta con que el filtro se anule para el 1% restante. La consecuencia analítica es incómoda pero necesaria: cada episodio de colapso fronterizo no es solo una crisis humanitaria y política, es una transferencia neta de iniciativa clandestina hacia el servicio que lo provocó o lo dejó ocurrir.

6.3 Casos de estudio de infiltración

6.3.1 Ceuta, mayo de 2021: agentes de la DGED camuflados entre los nadadores

La crisis de mayo de 2021 ya ha sido descrita en su dimensión jurídica y política (capítulos 5 y 7): relajación deliberada de la vigilancia marroquí en Fnideq y entrada de entre 8.000 y 12.000 personas —según las fuentes— a nado en menos de 48 horas, como respuesta de Rabat al ingreso hospitalario de Brahim Ghali en España. Lo que aquí interesa es su lectura de inteligencia. Según informes internos de la contrainteligencia española, entre la masa de nadadores se camuflaron agentes de la DGED con una doble misión: inserción durmiente de activos y, sobre todo, reconocimiento en condiciones reales.

El reconocimiento es el objetivo más verosímil y el de mayor valor. En 72 horas, un observador entrenado pudo documentar sobre el terreno los protocolos de respuesta de las FCSE: cadena de mando entre Guardia Civil y Policía Nacional, tiempos de llegada de refuerzos, capacidad real de retención en el puerto y en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), y el punto exacto en que el sistema colapsa y el Ejército de Tierra recibe la orden de despliegue —Legión y Regulares acuartelados en la ciudad, con sus tiempos de activación—. También pudo cartografiar infraestructuras críticas en un momento de concentración anómala de medios: comunicaciones, nodos logísticos, ubicación de mandos. Nada de esto requiere tecnología: requiere ojos entrenados y una crisis que justifique su presencia. La crisis de julio de 2026 repitió el patrón a escala mayor (horquilla de 40.000 a 72.000 entradas según fuentes marroquí, gubernamentales y el ministro del Interior, en recuento), con fuerzas marroquíes inicialmente pasivas, lo que obliga a suponer una recolección análoga actualizada.

6.3.2 El caso Brahim Ghali en Logroño: vigilancia sobre un objetivo de alto valor

El antecedente inmediato de la crisis de 2021 fue el ingreso de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, en el hospital San Pedro de Logroño en abril de 2021, aquejado de covid-19 grave y bajo la identidad falsa de «Mohamed Benbatouche». La decisión española de admitirlo sin informar a Rabat fue interpretada por Marruecos como una ruptura de la confianza entre servicios, y la respuesta fue la apertura del grifo migratorio de Ceuta. Pero el episodio contiene una segunda lección, de contrainteligencia pura: operativos marroquíes fueron detectados vigilando el hospital San Pedro durante la hospitalización. El detalle es revelador en dos direcciones. Por un lado, demuestra la capacidad de la DGED de desplegar vigilancia física sobre un objetivo de alto valor en una ciudad castellana sin comunidad saharaui significativa, en cuestión de días. Por otro, evidencia un fallo grave de la contrainteligencia española: el ingreso de Ghali con identidad falsa —una operación sensible por definición— quedó expuesto a la observación adversaria sin contravigilancia eficaz. El caso ilustró además la articulación clásica de la presión marroquí: un agravio de inteligencia se responde con un instrumento migratorio, de modo que la frontera deja de ser una línea y pasa a ser un dial que Rabat gira a voluntad.

6.4 Ciberespionaje y fisuras internas

6.4.1 Pegasus: la ventaja asimétrica sobre el Estrecho

En mayo de 2022, el Gobierno español confirmó que los teléfonos del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa habían sido infectados con Pegasus, el software de intrusión de la israelí NSO Group; el ministro del Interior figuraba igualmente entre los afectados, en intrusiones datadas entre 2021 y 2022 (Presidencia del Gobierno, mayo de 2022). Las investigaciones periodísticas y judiciales —el caso siguió su curso en la Audiencia Nacional— apuntaron a Marruecos como operador de las intrusiones, en el marco de la adquisición de Pegasus por Rabat tras los Acuerdos de Abraham de 2020, que estrecharon la cooperación de seguridad marroquí-israelí.

La relevancia estratégica excede el escándalo doméstico. Que el adversario lea en tiempo real los mensajes del presidente y de los titulares de Defensa e Interior mientras se negocian el Sáhara, las aduanas de Ceuta y Melilla y el control migratorio equivale a jugar una partida de póquer con las cartas marcadas: Rabat conocía posiciones de reserva, líneas rojas internas y disensos del gabinete antes de cada ronda negociadora. Los análisis internos españoles describen ese periodo como una sensación de impedimento en el control del Estrecho: la coerción híbrida marroquí —migración, aduanas, ciberespionaje— operaba con conocimiento anticipado de la respuesta española. Que el giro español sobre el Sáhara de marzo de 2022 se produjese en ese contexto es una coincidencia temporal que los analistas no pueden ignorar, aunque la causalidad directa no esté probada públicamente.

6.4.2 Corrupción en las FCSE: la vulnerabilidad que no requiere hackers

El ciberespionaje sofisticado convive con una vulnerabilidad mucho más antigua: la corrupción interna de las fuerzas encargadas de la frontera. Los informes sobre integridad policial acumulan en los últimos años casos de altos mandos de la Guardia Civil investigados en el flanco sur —el área del Campo de Gibraltar y el Estrecho, zona de máxima densidad de tráfico de hachís y cocaína— y el caso paradigmático de un inspector de la Policía Nacional con millones de euros emparedados en su domicilio, vinculado a narcotráfico y blanqueo. Cada expediente de estas características no es solo un caso criminal: es una puerta de captación. Un agente corrupto por mafias de la droga es un agente al que un servicio exterior puede extorsionar o comprar con información sobre esa misma corrupción, el mecanismo clásico de compromiso (kompromat) en la literatura de inteligencia.

La Operación Hades, detallada en el capítulo 4 (apartado 4.3.2), sella el argumento desde el propio perímetro: un narcotúnel de unos 12 metros bajo el puesto del Tarajal descubierto en febrero de 2025, con dos guardias civiles entre los 14 detenidos. Que el subsuelo de la frontera más vigilada de Europa fuese perforado con la complicidad de quienes la custodian convierte la fisura en sistémica. Para la DGED, cada foco de corrupción en las FCSE es una oportunidad de penetración de bajo coste; para la contrainteligencia española, la lucha contra la corrupción fronteriza es, literalmente, una tarea de contrainteligencia y no solo de asuntos internos.

6.5 Sociología de las oleadas: quién cruza y por qué

6.5.1 Efecto llamada, cobijo de la masa y flujos transaharianos

Entender la composición de las oleadas es un requisito de inteligencia tanto como de gestión migratoria. El primer motor es el efecto llamada amplificado por redes sociales: la difusión en tiempo real de que «la frontera está abierta» —como ocurrió en mayo de 2021 y de nuevo en julio de 2026, cuando miles de jóvenes de Fnideq, Larache, Xauen y Tánger acudieron convocados por mensajería instantánea— convierte la migración en fenómeno mimético. El símil utilizado por los analistas es ilustrativo: un joven vasco cruzaría a Francia «de gratis» si no hubiera controles, por la mera curiosidad social de lo prohibido abaratado. A ese impulso se suma el cobijo de la masa: la desinhibición colectiva que produce la multitud, en la que el individuo se siente anónimo y protegido, y la masa misma actúa como escudo humano frente a la actuación policial.

Sobre esa base local se injertan los flujos transaharianos: ciudadanos de Senegal, Níger, Mali y Guinea que recorren miles de kilómetros hasta el norte de Marruecos y para quienes la apertura episódica de la frontera supone evitar el salto de la valla —con su riesgo de muerte: 46 ahogados en 2025 y 99 en 2026 según recuentos policiales y de EFE— y el coste de las mafias. Una vez dentro, las barreras jurisprudenciales del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como la imposibilidad material de identificar y repatriar a indocumentados, bloquean la devolución inmediata, de modo que el paso se convierte en billete de ida en la práctica. La presencia creciente de menores no acompañados —Ceuta llegó a tutelar 563 en 2025 sobre 27 plazas ordinarias (véase capítulo 4, apartado 4.4)— añade un bloqueo jurídico adicional: el menor no puede ser devuelto. La consecuencia de inteligencia es directa: una oleada heterogénea y en gran parte irreversible es el vehículo ideal de inserción clandestina, porque nadie en ella puede ser expulsado con facilidad, incluido el activo insertado.

6.5.2 Dimensión penitenciaria: los indultos reales y los perfiles marcados

Un factor alimentador de las oleadas que rara vez entra en el análisis migratorio convencional es la política penitenciaria marroquí. Marruecos practica indultos reales masivos y periódicos con ocasión de la Fiesta del Trono o del Ramadán: en 2024 se concedieron 1.778 indultos, aunque la inmensa mayoría fueron reducciones de pena y solo unas decenas supusieron liberación efectiva inmediata. Los titulares periodísticos que hablaban de «27.000 presos liberados en cinco años» agregaban precisamente esas reducciones, no excarcelaciones masivas, y deben leerse con ese matiz para no sobredimensionar el fenómeno.

Dicho esto, el flujo real de excarcelados y beneficiarios de reducciones alimenta un perfil sociológico concreto entre quienes se concentran en el norte: hombres jóvenes con antecedentes, marcados por su historial en el mercado laboral marroquí, para quienes cruzar a España no es solo una oportunidad económica sino la única vía realista de rehacer su vida lejos del fichero policial que les sigue en su país.

Este colectivo no es, en sí mismo, una amenaza; pero desde la óptica de contrainteligencia introduce dos riesgos: un caldo de captación para redes criminales y extremistas en ambos lados del Estrecho, y una mayor dificultad de verificación, porque el perfil marcado tiene incentivos objetivos para ocultar o falsear su identidad. La oleada que combina migrante económico, menor tutelado, transahariano indocumentado y excarcelado marcado es analíticamente opaca; y la opacidad, en inteligencia, siempre beneficia a quien la genera.

Ceuta y Melilla no se entienden como un problema migratorio local. Son dos posiciones en la orilla sur del paso que conecta el Atlántico con el Mediterráneo: un canal con apenas 14 kilómetros en su punto más estrecho por el que transita una fracción muy alta del comercio marítimo europeo y la práctica totalidad del tráfico naval que entra y sale del Mediterráneo. Un tapón en el Estrecho no es un incidente regional: es una interrupción con efectos en el abastecimiento energético y logístico de Europa occidental. Por eso, cada vez que se discute la valla, se está discutiendo también quién controla la llave.

Sobre ese canal conviven cuatro soberanías operativas —España, Marruecos, el Reino Unido en Gibraltar y, por vía de acuerdos, Estados Unidos en Rota y Morón— y una presencia económica creciente de China en las dos orillas. Ninguna de las cuatro puede actuar sin contar con las demás, y ninguna tiene un veto absoluto. Ese es el marco real en el que se administra la frontera sur.

6bis.1 Los activos que hacen del paso un asunto de alianza

6bis.2 China en las dos orillas: inversión, logística y doble uso

La entrada china en el entorno del Estrecho no se ha producido por vía militar, sino por vía industrial y logística, que es la forma en que se construyen las dependencias duraderas. En la orilla sur, Marruecos se ha convertido en plataforma de fabricación asociada a la cadena del vehículo eléctrico y de las baterías con capital chino, con zonas industriales conectadas al puerto de Tánger Med y acceso preferente al mercado europeo. En la orilla norte, la operación de terminales de contenedores y de infraestructura logística por grupos con matriz en Hong Kong o China continental forma parte del mapa portuario del sur de Europa desde hace años.

El riesgo relevante no es el comercio: es el doble uso. Datos de tráfico portuario, sistemas de gestión de terminales, cables submarinos de comunicaciones que cruzan el paso, redes de telecomunicaciones y equipamiento de videovigilancia constituyen, en conjunto, una capacidad de observación permanente sobre el movimiento naval y comercial del canal. Quien opera la infraestructura conoce el flujo; quien conoce el flujo puede anticiparlo y, en un escenario de crisis, condicionarlo.

Hipótesis: La posición china en el entorno del Estrecho es hoy de influencia económica y de acceso a información logística, no de proyección militar. Su efecto principal sobre este expediente es indirecto: refuerza la capacidad negociadora de Marruecos —que puede diversificar socios— y reduce el margen de presión europeo, incluido el vinculado a la gestión de la frontera. Esta lectura es analítica y no atribuye a ningún operador concreto una función de inteligencia.

6bis.3 El límite español al uso aliado: la fricción por Irán

El Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos no cede soberanía: cada uso de Rota o Morón para operaciones que excedan las actividades autorizadas requiere autorización española previa, caso por caso. Ese mecanismo, poco visible en tiempo de calma, es el que se activó cuando la escalada militar en Oriente Medio situó a Irán en el centro de la agenda: el Gobierno español mantuvo que las bases de utilización conjunta no se emplearían para operaciones ofensivas ajenas al marco aliado, decisión que generó fricción explícita con la Administración estadounidense y se sumó al contencioso paralelo sobre el nivel de gasto en defensa exigido dentro de la OTAN.

La consecuencia para la frontera sur es directa y suele pasarse por alto. Una relación tensa con Washington debilita el respaldo exterior de España en un contencioso territorial donde Ceuta y Melilla no están cubiertas de forma indiscutida por la cláusula de defensa colectiva del Tratado del Atlántico Norte —cuyo ámbito geográfico deja fuera de discusión el territorio peninsular e insular, pero no resuelve con la misma claridad las plazas del norte de África—, y donde el socio del otro lado sí mantiene una relación de defensa intensa y en expansión con Estados Unidos. España negocia, por tanto, con menos cobertura de la que su posición formal sugiere.

Pregunta de transparencia: ¿Existe un análisis oficial actualizado sobre el efecto de las fricciones en la relación bilateral con Estados Unidos y en el reparto de esfuerzo en la OTAN sobre la posición española en el contencioso de Ceuta, Melilla y las aguas del Estrecho? ¿Se ha evaluado la exposición de infraestructura crítica del paso —terminales, cables submarinos y redes — a operadores con matriz extracomunitaria?

Evidencia cualitativa: El Estrecho concentra tres condiciones que rara vez coinciden: es un cuello de botella del comercio mundial, es una frontera terrestre entre la Unión Europea y África, y es una zona de solapamiento de intereses de cuatro potencias. Cualquier política que trate la valla como un problema de orden público subestima las tres.

La valla de Ceuta y Melilla es el único punto terrestre de contacto directo entre la Unión Europea (UE) y África, y su control efectivo no reside en Madrid: reside en Rabat. Esta externalización convierte un dispositivo fronterizo español en un activo estratégico marroquí, inserto en un tablero que supera con creces la relación bilateral. El reino alauí —dinastía en el trono desde 1666, con legitimidad cherifiana que Mohamed VI ejerce además como Amir al-Muminin (Comendador de los Creyentes, autoridad religiosa acotada a Marruecos, sin dependencia del wahabismo saudí)— ha sustituido el mito del «Gran Marruecos» del Istiqlal por una agenda de prioridades realistas: el Sáhara Occidental como cuestión existencial, la presión híbrida gradual sobre Ceuta, Melilla, los peñones y la fachada canaria (incluida la reclamación de la plataforma atlántica en torno al monte Tropic), y la conversión del país en hub geoeconómico entre Europa y el África subsahariana (análisis de este informe, coherente con la doctrina oficial marroquí del Plan de Autonomía de 2007 como «única solución»). La lección extraída por Rabat de la crisis del islote de Perejil de 2002 —resuelta por España con la Operación Romeo-Sierra— fue que la acción militar directa contra un socio de la OTAN tiene un coste inasumible; desde entonces, el instrumento es la coerción híbrida: migración instrumental, asfixia aduanera, presión diplomática dosificada y espionaje. La valla es el escenario físico donde esa doctrina se hace visible.

7.1 Marruecos: gendarme subcontratado y accionista de la llave de paso

7.1.1 Cooperación «ejemplar» y 500 M€ de la UE (2021-2027); pero relajaciones deliberadas 2021 y 2026 como instrumento de presión

La posición marroquí sobre la frontera es estructuralmente dual. Por un lado, Rabat actúa como gendarme subcontratado del flanco sur europeo: el Ministerio del Interior califica la cooperación de «ejemplar» y atribuye a las fuerzas marroquíes haber «impedido miles de intentos» de entrada (comunicados de Interior, julio 2026). La UE financia ese servicio con un paquete de 500 millones de euros para el periodo 2021-2027, parte del cual se destina a control fronterizo, al que se suman ayudas bilaterales españolas y cesión de material (El Periódico, mayo 2025). Por otro lado, Marruecos conserva la propiedad efectiva de la llave de paso: el grifo migratorio se abre o se cierra en función del estado de la relación diplomática, no de criterios operativos.

El patrón está documentado dos veces. En mayo de 2021, la relajación deliberada de la vigilancia marroquí permitió la entrada de entre 8.000 y 12.000 personas —según las fuentes— a nado en Ceuta en menos de 48 horas, en represalia por la hospitalización en Logroño del líder del Frente Polisario Brahim Ghali; la contrainteligencia española constató agentes de la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED, el servicio exterior marroquí) camuflados en la masa (véase el capítulo 6). El Parlamento Europeo condenó el episodio como uso de la migración «y en particular de menores no acompañados» como instrumento de presión política (resolución del PE, 10/06/2021), y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA) lo catalogó como caso de instrumentalización. En julio de 2026, el patrón se repitió: tras la sentencia del Tribunal Supremo que excluyó el mar del régimen de rechazo en frontera (STS 814/2026, comunicada el 8/07/2026), las fuerzas marroquíes mostraron una pasividad inicial que facilitó la entrada masiva de entre 40.000 (reconocidos por Marruecos) y 72.000 personas (cifra del ministro Grande-Marlaska al 4-5 de agosto; horquilla en recuento, EFE, agosto 2026), mientras Rabat empleaba cañones de agua y gases solo en el lado de Fnideq, ya tarde y de forma cosmética. Ambos gobiernos atribuyeron la crisis a «redes de tráfico» que instrumentalizaron la sentencia, fórmula que permite a Madrid no nombrar al socio del que depende.

La lectura analítica es que la cooperación «ejemplar» y la relajación deliberada no son estados contradictorios sino dos posiciones del mismo mecanismo: Marruecos cobra por cerrar y presiona abriendo. España paga dos veces —con fondos europeos y con concesiones diplomáticas, empezando por el giro sobre el Sáhara de la carta de Sánchez a Mohamed VI del 14/03/2022— sin adquirir el control, que permanece externalizado. La consecuencia operativa es la descrita en capítulos anteriores: con la valla blindada y los grandes saltos reducidos a residuales desde 2022, el flujo se ha desplazado al nado, donde el balance letal crece (unas 46 muertes en 2025; 99 nadadores muertos en 2026 hasta el 1 de agosto, según EFE) y donde la decisión de abrir o cerrar el paso sigue siendo marroquí.

7.1.2 Presión soberanista activa y asfixia aduanera: aduanas 2025 (49 importaciones), colas de 18 horas en el Tarajal, pesqueros en aguas ceutíes

Paralela al instrumento migratorio, Rabat mantiene una presión soberanista de baja intensidad y negabilidad plausible sobre las dos ciudades. El Senado marroquí reivindicó en 2023 la «recuperación» de Ceuta y Melilla; se han registrado manifestaciones simbólicas en la frontera (julio 2025, fuente débil, a tratar con cautela); y entre 2024 y 2025 se documentaron incursiones recurrentes de pesqueros marroquíes en aguas de Ceuta (medios locales ceutíes, 2024-2025). Nada de ello alcanza el umbral de incidente bilateral formal, pero todo contribuye a normalizar la disputa territorial.

El brazo económico de esa presión es la asfixia aduanera. Tras la hoja de ruta de abril de 2022, la aduana comercial de Melilla se reabrió y la de Ceuta se abrió por primera vez en su historia el 11/02/2025, presentado por ambos gobiernos como hito de normalización. El balance real del primer año desmiente la narrativa: en Ceuta se registraron solo 49 importaciones y 2 exportaciones en todo 2025, con cierre temporal entre julio y septiembre por la Operación Paso del Estrecho; y desde finales de 2025 el paso del Tarajal sufre colapsos con colas de hasta 18 horas, atribuidos a decisiones unilaterales marroquíes (medios locales, enero 2026). Las patronales de ambas ciudades acusan a Marruecos de «asfixiar» sus economías y a Madrid de «mirar a otro lado». La XIII Reunión de Alto Nivel hispano-marroquí (Madrid, 3-4/12/2025), breve y sin rueda de prensa, se limitó a «saludar el buen funcionamiento de la cooperación aduanera» sin fijar fechas de normalización: la discrepancia entre el comunicado y el dato de las 49 importaciones ilustra el margen de ficción diplomática que España acepta para no tensar al gendarme.

La función estratégica de esta pinza —migratoria y aduanera— es convertir el bienestar económico de Ceuta y Melilla en una variable dependiente de la voluntad de Rabat, reforzando el mensaje de que la viabilidad de ambas ciudades pasa por acomodarse a Marruecos. Es la materialización cotidiana, de bajo coste y alta eficacia, de la doctrina posterior a Perejil: no conquistar, sino hacer insostenible la normalidad del adversario.

7.2 Los frenos a la presión: mafias, Mundial 2030 e imagen-país

7.2.1 A las mafias no les interesa la frontera libre (su negocio es la clandestinidad); a Rabat no le interesa el caos de cara al Mundial 2030

Si la llave de paso está en manos marroquíes, cabe preguntar por qué Rabat no la abre de forma permanente. La respuesta es que existen dos frenos estructurales, ambos económicos, que dosifican la presión.

El primero es contraintuitivo: a las redes de tráfico de personas no les interesa una frontera libre. Su modelo de negocio es la clandestinidad y el riesgo: cobran precisamente por superar una barrera. Una apertura generalizada destruiría el mercado, igual que la apertura fronteriza evita el salto de la valla para los flujos transaharianos (Senegal, Níger, Mali, Guinea) que, una vez dentro, se benefician de las barreras jurisprudenciales que impiden la devolución inmediata (análisis de este informe). Las mafias son, por tanto, aliadas objetivas del cierre: les conviene un dispositivo permeable pero no abolido, que mantenga el precio del servicio. Esto explica también la convergencia entre la atribución oficial de la crisis de 2026 a «redes de tráfico» —cómoda para ambos gobiernos— y el interés real de esas redes en un entorno de frontera dura: la sentencia del Supremo y su difusión viral generaron demanda que las redes monetizaron.

El segundo freno es la imagen-país. Marruecos coorganiza con España y Portugal el Mundial de Fútbol de 2030, el mayor escaparate reputacional de su historia reciente ante la FIFA, inversores y patrocinadores. Un descontrol fronterizo crónico con imágenes de miles de personas entrando a nado en territorio europeo —las que la presidenta de la Comisión Europea calificó de «inaceptables» (Von der Leyen, agosto 2026)— es incompatible con esa vitrina. La presión migratoria tiene así un techo autoimpuesto: se dosifica para obtener concesiones sin dañar la marca país. La crisis de julio de 2026, con su cierre rápido mediante el acuerdo Marlaska-Laftit del 30 de julio para devolver «lo antes posible» a todos los entrados, ilustra precisamente esa lógica de dosificación: suficiente para demostrar capacidad de daño, limitada para no comprometer el calendario hacia 2030.

El cuadro de actores puede sintetizarse así:

La tabla evidencia una asimetría central: todos los actores con capacidad directa sobre la valla —Marruecos, las mafias— tienen interés en que el sistema de presión dosificada continúe, mientras que los actores con interés en un control estable —España, la UE— no poseen el instrumento material del cierre. Los frenos a la presión son, además, coyunturales: el Mundial 2030 tiene fecha y el negocio de las mafias se adapta (ya lo hizo desplazando el flujo al nado y a la ruta argelina de Baleares, +24,5% en 2025 según Interior). Ninguno garantiza estabilidad más allá de 2030; al contrario, la propia infraestructura del Mundial multiplicará los flujos transfronterizos y, con ellos, la superficie de exposición de Ceuta y Melilla a cualquier incidente calculado.

7.3 Actores internacionales

7.3.1 Eje EE.UU.-Marruecos-Israel: reconocimiento del Sáhara, Tan-Tan/African Lion, «Autopista Trump», Pegasus; factor Trump como respaldo a Rabat frente a España

El cambio estructural más relevante del tablero desde 2020 es la consolidación del triángulo Washington-Rabat-Tel Aviv. Su pieza fundacional fue el reconocimiento unilateral por Estados Unidos de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental (diciembre 2020, administración Trump), contrapartida a la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel en el marco de los Acuerdos de Abraham. La revalidación de esa política bajo el segundo mandato de Trump convierte a Marruecos, a ojos de Washington, en aliado prioritario del Magreb —y a España, por contraste, en un socio al que la administración estadounidense muestra predisposición a castigar, por su política hacia Israel y por su insuficiencia en gasto de defensa (análisis de este informe).

El componente militar del eje tiene anclaje físico a tiro de piedra de Canarias: el polígono de Tan-Tan y el campo de tiro de Cap Draa, en el sur marroquí, se han convertido en centro neurálgico del Mando de Estados Unidos para África (AFRICOM) y sede recurrente de African Lion, el mayor ejercicio militar anual de EE.UU. en el continente. Un campo de tiro en tiempo real a escasa distancia del archipiélago canario transforma a Marruecos, en la valoración de este informe, de aliado fuerte en aliado estratégico insustituible. Sobre el terreno, el reconocimiento estadounidense se ha materializado en la llamada «Autopista Presidente Donald J. Trump»: el corredor Tiznit-Dajla, de 1.055 kilómetros a través del Sáhara Occidental, único eje terrestre practicable entre el norte de África y el África subsahariana, bautizado en agradecimiento a Washington y utilizado también por Israel como vía de proyección hacia el continente (análisis de este informe).

El componente israelí aporta la dimensión tecnológica: tras los Acuerdos de Abraham, Marruecos adquirió el sistema de intrusión Pegasus de NSO Group, con el que se comprometieron los teléfonos del presidente del Gobierno, de la ministra de Defensa y del ministro del Interior españoles en 2021-2022 (capítulo 6 desarrolla el análisis técnico y de contrainteligencia). En términos geopolíticos, la consecuencia es una ventaja asimétrica de Rabat en cualquier negociación sobre el Estrecho y las ciudades autónomas: el gendarme subcontratado conoce las conversaciones del cliente. La suma de estos factores —reconocimiento, AFRICOM, corredor logístico, ciberespionaje— explica por qué la crisis de 2021 terminó con el giro español sobre el Sáhara y no al revés: España negocia su frontera sur sin aliado decisivo en Washington, frente a un Marruecos que sí lo tiene.

7.3.2 Rusia (canales Venezuela/Cuba), Argelia y el gas, Francia, China y la descoordinación europea

Rusia no tiene presencia directa en el teatro de la valla, pero le interesa su desestabilización como parte de su estrategia general de erosión de la UE y la OTAN, con canales financieros y de influencia triangulados a través de Venezuela y Cuba (análisis de este informe). Cada crisis en Ceuta alimenta el relato europeo de fronteras porosas que beneficia a Moscú: la instrumentalización de la migración como arma híbrida es, desde Bielorrusia 2021, una técnica que el Kremlin reconoce como propia y cuya réplica marroquí le es funcional.

Argelia es el perdedor regional del realineamiento. El giro español sobre el Sáhara de marzo de 2022, sumado al reconocimiento estadounidense, dejó a Argel —patrono histórico del Frente Polisario— en posición defensiva. Su respuesta económica ya se había producido antes: el cierre del gasoducto Magreb-Europa (octubre 2021, por expiración no renovada del contrato tras la ruptura argelino-marroquí) privó a Marruecos del tránsito de gas hacia España y reordenó el mapa energético del sudoeste mediterráneo. España compensó con gas natural licuado, pero el vacío comercial lo aprovechó Francia, que consolidó su posición de hegemonía energética en la región como suministrador y hub de regasificación (análisis de este informe). París, además, mantiene su rivalidad secular con Rabat por la influencia en el Sahel, lo que hace de Francia un actor ambivalente: aliado estructural de España en la UE, pero competidor y beneficiario de las fricciones hispano-marroquíes.

China completa el cuadro por el flanco español. El acercamiento económico de Madrid a Pekín —baterías, vehículo eléctrico, tecnología verde— genera malestar en Washington y en la OTAN en plena guerra tecnológica entre ambas potencias (análisis de este informe). El efecto sobre la valla es indirecto pero real: cada elemento de fricción entre España y la administración estadounidense reduce el capital político español en Washington, exactamente el capital que haría falta para contrapesar el respaldo estadounidense a Marruecos en un momento de crisis fronteriza. La descoordinación europea agrava el problema: la solidaridad migratoria interior de la UE se ha debilitado y la gestión del flanco sur se ha bilateralizado, dejando a España negociando sola con Rabat asuntos —la llave de paso migratoria, las aduanas, la vigilancia del Estrecho— que afectan a todo el espacio Schengen.

7.3.3 UE y Schengen: eje Meloni y derechas europeas, suspensión de Schengen con España y gestión Marlaska; resolución del PE 2021 sobre instrumentalización

La dimensión europea de la valla tiene tres caras. La primera es el marco jurídico, ya tratado en el capítulo 5: la resolución del Parlamento Europeo del 10/06/2021 (véase el apartado 7.1.1) condenó la instrumentalización de la migración por Marruecos, y el Reglamento (UE) 2024/1359 sobre situaciones de crisis incorporó expresamente la instrumentalización como supuesto que permite modular garantías procesales, en tanto el Código de Fronteras Schengen revisado de 2024 habilita el cierre temporal de pasos. Es decir: la UE ha dotado a España de un lenguaje jurídico para nombrar lo que le hace Marruecos, pero ese lenguaje protege el dispositivo fronterizo, no mejora la posición negociadora de Madrid.

La segunda cara es la política interna europea. El ascenso de las derechas —con la Italia de Giorgia Meloni como referente, junto a los gobiernos de Europa Central— ha debilitado la solidaridad migratoria y agudizado la percepción de la frontera sur española como un agujero en Schengen. La materialización extrema de esa percepción llegó en la crisis de 2026: la suspensión italiana de Schengen con España, que el ministro Grande-Marlaska pidió revocar en plena gestión de la crisis (EFE, agosto 2026). Que un Estado miembro reinstaure controles contra otro por la presión en Ceuta es el indicador más claro de que la valla ya no es un problema español delegable en Rabat, sino un factor de riesgo sistémico para la libre circulación europea. La respuesta de la Comisión fue ambivalente: «firme solidaridad» de los ministros del Interior (4 de agosto de 2026) y oferta del comisario Magnus Brunner de desplegar Frontex en Ceuta —oferta inédita, pues las operaciones Hera e Indalo nunca cubrieron las ciudades y España rechazó el despliegue incluso en mayo de 2021—, pero con el aval simultáneo al «rápido retorno de quienes han entrado ilegalmente», es decir, validando la devolución masiva pactada con Marruecos.

La tercera cara es la lección estratégica: la gestión Marlaska de las crisis de 2021 y 2026 —priorizar la relación con Rabat, rechazar Frontex, aceptar la ficción de las «redes de tráfico» como único causante— ha preservado la estabilidad bilateral a costa de consolidar la externalización. Cada episodio refuerza el precedente: la presión migratoria marroquí obtiene resultados (el giro saharaui de 2022; la flexibilización implícita de la posición española en 2026), y la UE financia al presionador mientras exige al presionado mantener la frontera cerrada. La resolución del PE de 2021, que Marruecos calificó de «inaceptable», demostró además los límites de la condena europea: no alteró ni un euro del paquete de 500 millones ni una sola coma de la cooperación «ejemplar».

7.4 Guerra de narrativas: el caso de las «boyas»

7.4.1 Barreras antiderrames vendidas como barreras fronterizas (técnica: centímetros de perfil, 1 m de faldón); el anuncio de boyas en Melilla 2026 como repetición del patrón de desinformación

El último componente del tablero no es diplomático ni militar, sino comunicativo. Las fronteras del siglo XXI se disputan también en el espacio informativo, y la frontera de Ceuta y Melilla ha sido escenario de una técnica de desinformación con patrón repetido: la presentación de barreras flotantes antiderrames de hidrocarburos —las empleadas por Salvamento Marítimo para contener vertidos— como «barreras antinmigración» o «barreras fronterizas marítimas».

La técnica es verificable en sus parámetros físicos. Una barrera de contención de vertidos tiene un perfil emergido de apenas unos centímetros y un faldón sumergido de en torno a un metro: está diseñada para retener una película de hidrocarburo flotante, no a un ser humano. Es incapaz de detener a un nadador —que la supera sumergiéndose— o a una embarcación —que la rebasa por su propio calado—. Su función de blindaje fronterizo es nula; su función comunicativa, en cambio, es elevada: la imagen de una línea de flotadores en el mar transmite al público la sensación de perímetro sellado, «simulando un blindaje fronterizo ficticio» (análisis de este informe). La confusión —en casos, deliberada por actores institucionales; en otros, por imprecisión periodística— convierte un instrumento de protección medioambiental en propaganda de seguridad.

El anuncio de «boyas para impermeabilizar el perímetro» de Melilla, realizado en plena crisis de julio de 2026, reproduce el patrón con precisión (medios locales y EFE, julio-agosto 2026). En el momento de máxima presión reputacional —con el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) saturado, 260 migrantes en espera, 140 de ellos menores—, la medida comunicada no era un dispositivo de control eficaz sino un significante visual de reacción. El riesgo analítico es doble. Interno: la repetición del truco erosiona la credibilidad de las autoridades ante la población local, que ya protagonizó protestas contra la «invasión» y percibe la distancia entre el relato y la realidad —la misma distancia que alimenta a la oposición y a los actores europeos que piden cerrar Schengen a España. Externo: la desinformación sobre el dispositivo fronterizo ofrece a Marruecos y a terceros un vector de ridiculización del control español, útil en la guerra de narrativas que acompaña a cada crisis.

El deporte no es un adorno en este expediente: es una de las variables que explica por qué la presión sobre Ceuta y Melilla se dosifica en lugar de desbordarse. España, Portugal y Marruecos organizan conjuntamente el Mundial de 2030 —con partidos conmemorativos previstos en Uruguay, Argentina y Paraguay—, y Marruecos ha consolidado además su papel como sede continental de referencia tras acoger la Copa Africana de Naciones. Esa doble condición produce dos efectos opuestos y hay que leerlos juntos: da a Rabat una palanca de prestigio internacional que amplifica su capacidad negociadora, y al mismo tiempo le impone un freno, porque el caos fronterizo televisado daña el activo que está construyendo.

7bis.1 El Mundial 2030 como expediente acoplado

La candidatura compartida encadena a España y Marruecos en una relación de interdependencia de larga duración: infraestructura, movilidad por el Estrecho, seguridad del evento, cooperación policial y de inteligencia, y una imagen conjunta que ninguna de las dos partes puede deteriorar unilateralmente sin coste. En la práctica, eso convierte el torneo en un expediente acoplado al de la frontera: la contención verbal española durante la crisis de julio-agosto de 2026 —crisis atribuida oficialmente a «redes de tráfico» y no al socio del que depende el control del paso— es coherente con un cálculo que incluye el Mundial entre los activos a proteger.

Hipótesis: El Mundial 2030 funciona como amortiguador bidireccional: reduce la probabilidad de una apertura migratoria sostenida por parte de Rabat —el escaparate lo penaliza— y reduce también la probabilidad de una respuesta española de alto perfil ante episodios de instrumentalización. El resultado es un equilibrio de presión intermedia: crisis intensas, breves y sin consecuencias diplomáticas declaradas. Esta lectura es analítica y no se apoya en documentación oficial que vincule ambos expedientes.

7bis.2 La Copa Africana de Naciones: precedente de conflicto deportivo con lectura política

La Copa Africana de Naciones celebrada en Marruecos añadió un segundo plano al mismo fenómeno. El torneo dejó una controversia deportiva de fondo político —con un último encuentro cuya resolución seguía pendiente en las instancias federativas al cierre de este informe— que activó los mecanismos habituales de este tipo de disputas: recursos ante los órganos de la confederación continental, presión de federaciones, campañas coordinadas en redes y encuadre de la decisión arbitral o administrativa como agravio nacional. Los datos concretos del expediente están en curso y este informe no fija ni resultado ni responsables.

Lo que sí es analizable es el patrón. Un litigio deportivo sin resolver funciona como amplificador de movilización identitaria en toda la región: tensiona la relación entre federaciones y gobiernos, alimenta la guerra de narrativas descrita en el capítulo 07 y puede coincidir en el calendario con episodios de presión fronteriza. La correlación temporal entre grandes eventos deportivos y picos de tensión en el Estrecho merece seguimiento sistemático, no atribución causal automática.

Pregunta de transparencia: ¿Existe en la planificación española de seguridad del Mundial 2030 un análisis explícito del riesgo de instrumentalización migratoria en Ceuta, Melilla y la ruta canaria durante el periodo preparatorio y el torneo? ¿Y un protocolo para episodios de tensión deportiva con derivada política que coincidan con la ventana del evento?

Evidencia cualitativa: Los grandes eventos deportivos compartidos son, en la práctica reciente, instrumentos de política exterior: aportan legitimidad, atraen inversión en infraestructura y crean dependencias mutuas que reducen el margen de confrontación abierta. Aplicado a este expediente, el fútbol es el único ámbito donde España y Marruecos han aceptado formalmente una asociación estratégica de una década, mientras el contencioso territorial y migratorio permanece intacto.