Base histórica y génesis de la valla

Ceuta lleva bajo soberanía española de forma ininterrumpida desde 1580 y Melilla desde 1497: ambas ciudades son españolas desde antes de que existiera el Estado marroquí moderno y desde mucho antes de que la dinastía alauí —que hoy las reclama— accediera al poder en 1666. Esa anterioridad no es un dato erudito, sino el eje del diferendo: la reclamación marroquí no descansa en títulos históricos previos, sino en una construcción nacionalista posterior a la independencia de 1956, alimentada por la monarquía alauí como instrumento de legitimación interna y de presión gradual sobre España. Este capítulo reconstruye los fundamentos de la soberanía española, la génesis y evolución de la reclamación marroquí y la arquitectura religiosa y dinástica que la sostiene, hasta la lección estratégica de Perejil (2002): la sustitución de la vía militar por la guerra híbrida, cuyo escenario físico principal es la frontera terrestre que el capítulo siguiente describe.

1.1 Soberanía española: fundamentos históricos y jurídicos

1.1.1 Ceuta: de la conquista portuguesa de 1415 a la fidelidad a la Monarquía Hispánica (1580-1668) y el Tratado de Lisboa

Ceuta fue conquistada por Portugal en 1415, en la expedición de Juan I con los infantes Eduardo, Pedro y Enrique —el futuro Enrique «el Navegante»—, que arrebató la plaza al sultanato meriní de Fez. La toma, primera expansión europea permanente en África, respondía a la doble lógica de control del Estrecho y avance hacia el comercio sahariano de oro (geografiainfinita.com; RESI, «Ceuta y Melilla en clave de seguridad nacional»).

El punto de inflexión llegó con la crisis dinástica portuguesa: en 1580, con la Unión Ibérica bajo Felipe II, Ceuta pasó a integrarse en la Monarquía Hispánica. Cuando en 1640 estalló la Guerra de Restauración portuguesa, Ceuta tomó una decisión singular: la ciudad y su cabildo optaron por permanecer fieles a la Monarquía Hispánica, renunciando a seguir la suerte de Portugal. En reconocimiento, Felipe IV le concedió el título de «Fidelísima», que la ciudad conserva en su nomenclatura oficial. El Tratado de Lisboa de 1668, por el que España reconoció la independencia de Portugal, cerró la cuestión por vía diplomática: la soberanía española sobre Ceuta quedó expresamente reconocida en un tratado internacional en vigor (RESI; vozpopuli).

La plaza demostró además su solidez defensiva: el sultán alauí Muley Ismail la sometió a un asedio prolongado entre 1694 y 1727 sin lograr tomarla; la primera potencia que intentó revertir por la fuerza la soberanía hispánica sobre Ceuta fracasó bajo la propia dinastía que hoy formula la reclamación. La continuidad desde 1580 —y el título consolidado en 1668— configura un corpus de prescripción histórica que ningún tribunal ni proceso descolonizador ha cuestionado formalmente.

1.1.2 Melilla: toma pacífica de 1497 por Estopiñán, soberanía ininterrumpida anterior al Estado alauí (1666)

Melilla fue tomada el 17 de septiembre de 1497 por Pedro de Estopiñán y Virués, al frente de unos 5.000 hombres financiados por el III Duque de Medina Sidonia y con autorización expresa de los Reyes Católicos. El dato relevante para el debate jurídico actual es que la expedición halló la ciudad despoblada —abandonada tras los conflictos internos del reino de Fez—, de modo que la toma se produjo sin derramamiento de sangre: no hubo conquista sobre una población en ejercicio efectivo de soberanía, sino ocupación de una plaza vacante (Museo del Ejército; melillamonumental.es; Melilla Hoy, 16/09/2025).

Desde esa fecha, la soberanía española sobre Melilla no ha conocido interrupción: más de cinco siglos de continuidad. Dos comparaciones cronológicas dan la medida de esa anterioridad. La primera, interna: Melilla es española desde antes que Navarra, incorporada a la Corona en 1512. La segunda, la decisiva: Melilla llevaba aproximadamente 170 años bajo soberanía hispánica cuando la dinastía alauí accedió al poder en 1666. La casa reinante en Rabat no puede alegar, por tanto, título dinástico previo alguno sobre una ciudad que nunca estuvo bajo su autoridad ni bajo la de los sultanatos que la precedieron.

1.1.3 Tratados de delimitación (1767-1860) y la Declaración hispano-marroquí de 1956: Ceuta y Melilla fuera de la descolonización

La soberanía sobre las plazas no se apoya solo en la prescripción, sino en una cadena de tratados bilaterales que delimitaron sus perímetros con los sultanes de Marruecos: el Tratado de Marrakech de 1767, los acuerdos de 1799, los tratados de Tánger y Larache de 1844, el de Tánger de 1848 y, como colofón, el Tratado de Wad-Ras de 1860, firmado tras la Guerra de África de 1859-1860, que fijó con precisión los límites de ambas ciudades (Diario de Sesiones del Congreso, Comisión 73, 13/03/2024). Se trata, por tanto, de fronteras consentidas por el propio sultanato marroquí en instrumentos internacionales sucesivos, no de líneas impuestas unilateralmente.

El hito jurídico decisivo es la Declaración conjunta hispano-marroquí del 7 de abril de 1956, suscrita en el momento de la independencia del Reino de Marruecos. En ella, el territorio del nuevo Estado quedó delimitado conforme a los tratados históricos citados, lo que dejó a Ceuta y Melilla —que nunca formaron parte del Protectorado— expresamente fuera del proceso descolonizador. El contraste es revelador: Ifni, Tarfaya y el Sáhara sí fueron territorios sometidos a procesos de retrocesión o descolonización, mientras que Marruecos intentó en 1975, sin éxito, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) incluyera Ceuta y Melilla en la lista de territorios no autónomos, lista en la que nunca han figurado —a diferencia de Gibraltar— (El Orden Mundial, 19/04/2023; RESI). La comunidad internacional, en su práctica institucional, no ha tratado jamás ambas ciudades como territorio pendiente de descolonizar.

1.1.4 Estatutos de Autonomía de 1995 (LO 1 y 2/1995): naturaleza jurídica actual de las ciudades

La condición actual de Ceuta y Melilla se fijó con las Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, que aprobaron sus respectivos Estatutos de Autonomía en aplicación del artículo 144.b de la Constitución Española (Ministerio de Hacienda; BOME). Ambas ciudades se constituyeron como administraciones únicas que acumulan competencias autonómicas y locales, con una Asamblea de 25 miembros y un presidente-alcalde al frente. La aprobación estatutaria —casi dos décadas después del inicio del proceso autonómico en el resto de España— tuvo un doble significado: internamente, completó la integración institucional plena de las dos plazas en el Estado de las autonomías; externamente, envió a Rabat la señal de que la soberanía española no era una anomalía transitoria, sino una arquitectura constitucional consolidada y no sujeta a negociación.

Conviene subrayar la naturaleza jurídica resultante: Ceuta y Melilla no son enclaves coloniales en el sentido del derecho de la descolonización, sino entidades del Estado español con ciudadanía plena, representación en las Cortes Generales y pertenencia a la Unión Europea. Cualquier planteamiento de «devolución» carece de parangón en la práctica descolonizadora, pues implicaría el traslado forzoso de una población que jamás se ha autodeterminado en favor de la soberanía marroquí.

1.2 La reclamación marroquí: del «Gran Marruecos» a la presión gradual

1.2.1 Tesis del Gran Marruecos (Allal El-Fassi, Istiqlal) y vínculo con Gibraltar en la estrategia de Hassan II

La reclamación de Ceuta y Melilla nace con el nacionalismo de la independencia. Tras 1956, el líder del partido Istiqlal, Allal El-Fassi, articuló la tesis del «Gran Marruecos»: un territorio maximalista que incluiría Ceuta, Melilla, los peñones, Ifni, Tarfaya y el Sáhara. Como ideario, funcionó más como mito de cohesión nacional que como programa ejecutable; de hecho, las prioridades reales del Estado marroquí muestran una jerarquía clara: primero el Sáhara Occidental —con el Plan de Autonomía de 2007 como única solución admisible—, después la presión gradual sobre Ceuta, Melilla, las aguas y la fachada atlántica, y en tercer lugar la consolidación de Marruecos como hub geoeconómico de África.

Hassan II (1961-1999) instrumentalizó la reclamación con una astucia diplomática característica: la vinculó a Gibraltar para convertir el contencioso en un asunto hispano-británico-marroquí en el que España desgastara por delegación. Dos de sus frases resumen la estrategia: «Un día me pasearé por Gran Vía cuando Marruecos haya recuperado Ceuta y Melilla. Eso será cuando a ustedes les sea devuelto Gibraltar»; y, más explícita aún, «España trabaja para nosotros, porque al recuperar el Peñón recuperaremos Ceuta y Melilla» (El Orden Mundial, 19/04/2023; RESI). En 1975, Marruecos intentó sin éxito que la ONU inscribiera ambas ciudades en la lista de territorios no autónomos; en 1987, Hassan II abandonó el paralelismo con Gibraltar y calificó la situación de «anacrónica», gesto de desescalada que no supuso renuncia al fondo de la reclamación.

1.2.2 Hitos de la presión verbal: crisis de la visita real de 2007, El Othmani 2020, Discurso del Trono 2022, escrito a la ONU y Senado 2023

Desde el año 2000 la reclamación ha seguido un patrón de presión verbal escalonada, dosificada según el calendario de intereses de Rabat. En noviembre de 2007, la primera visita de los reyes Juan Carlos I y Sofía a Ceuta y Melilla desencadenó una crisis diplomática: Marruecos llamó a consultas a su embajador en Madrid, el primer ministro Abbas El Fassi declaró que «solo hay actualmente en el mundo dos territorios ocupados por extranjeros: Palestina y Ceuta y Melilla», y Mohamed VI calificó la visita de «lamentable» y de «acto nostálgico de una era sombría» (El País, vía tesis de la Universidad de Tartu). La equiparación con Palestina marcaba el techo retórico de la ofensiva.

El 21 de diciembre de 2020, en plena crisis por el caso Ghali y meses antes de la crisis migratoria de Ceuta de mayo de 2021, el primer ministro Saadeddine El Othmani afirmó en televisión egipcia que Ceuta y Melilla «son marroquíes como el Sáhara» y que «llegará el día en que reabriremos el asunto»; España convocó a la embajadora marroquí (elEspañol; La Vanguardia, 22/12/2020). En julio de 2022, en su Discurso del Trono, Mohamed VI declaró que «Marruecos no ha cesado desde su independencia de reclamar el fin de la ocupación por España de Ceuta y Melilla y de las islas vecinas», aunque propuso una «célula conjunta de reflexión», fórmula ambigua que combinaba reafirmación y aparente apertura de diálogo. En septiembre de 2022, Rabat remitió a la ONU un escrito en el que sostuvo que no tiene fronteras terrestres con España sino «puntos de paso» y calificó Melilla de «presidio ocupado»; en abril de 2023, el presidente del Senado, Enaam Mayara, reiteró la condición de «ciudades ocupadas» recuperables «sin recurrir a las armas» (Diario de Sesiones del Congreso, 13/03/2024).

Frente a ello, la posición española ha sido invariable: soberanía indiscutible, ciudades anteriores al Estado marroquí moderno, nunca integradas en el Protectorado y ausentes de la lista de descolonización de la ONU. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo sintetizó en junio de 2022: «No aceptamos que se hable de Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas» (Público, 28/02/2023; Real Instituto Elcano, 2021). La fórmula de Mayara —«sin recurrir a las armas»— es, en clave analítica, la más significativa de la serie: confirma que la vía militar quedó descartada tras Perejil (véase 1.3.3) y que la presión se desplaza al terreno diplomático, económico y demográfico.

La tabla permite apreciar dos regularidades que estructuran el diferendo. La primera es la asimetría temporal de los títulos: la columna de soberanía se inicia en 1415 y se consolida por tratados entre 1668 y 1860, mientras que la reclamación no aparece hasta 1956 —es decir, es una construcción de cinco siglos posterior a los hechos que pretende revisar—. La segunda es el cambio de vector de la presión marroquí: hasta 2002 convivieron la retórica soberanista y la disposición al hecho militar (Perejil); a partir de ese año, la serie se reduce a presión verbal y diplomática —visitas, discursos, escritos a la ONU— con la renuncia explícita a las armas formulada por el propio Senado en 2023. El dato anómalo de la serie es precisamente 2002, último episodio de fuerza directa, cuyo resultado explica la transformación posterior de la estrategia de Rabat hacia la coerción híbrida que vertebra este informe.

1.2.3 Contexto colonial: Protectorado 1912-1956, Rif, Tarfaya 1958, Ifni 1969, Sáhara 1975 — por qué Ceuta y Melilla son jurídicamente distintas

La confusión —a veces interesada— entre Ceuta y Melilla y los territorios efectivamente descolonizados es el principal activo narrativo de la reclamación marroquí. El Protectorado español de Marruecos se estableció por el Tratado de Fez (30/03/1912) y el Convenio hispano-francés (27/11/1912), que asignaron a España la zona norte (Yebala, Gomara y Rif) y la zona sur de Tarfaya (Cabo Juby). Su consolidación costó la Guerra del Rif de 1921-1926 —el Desastre de Annual, la efímera República del Rif de Abd el-Krim y el Desembarco de Alhucemas de 1925—, con ocupación efectiva de todo el territorio solo hacia 1927 (Nueva Revista; defensa.gob.es).

El itinerario de descolonización fue preciso y completo: independencia de la zona norte el 7 de abril de 1956; cesión de Tarfaya por acuerdo del 1 de abril de 1958; retrocesión de Ifni —territorio de soberanía española desde Wad-Ras (1860), ocupado efectivamente en 1934 por el coronel Capaz y escenario de la guerra de Ifni-Sáhara de 1957-58— en enero de 1969; y abandono del Sáhara mediante los Acuerdos de Madrid del 14 de noviembre de 1975, tras la Marcha Verde. España retrocedió, por tanto, todo lo descolonizable. Ceuta y Melilla no figuran en esa secuencia por una razón jurídica simple: nunca fueron protectorado, sino plazas de soberanía plena anteriores al propio Estado alauí, delimitadas por tratados y excluidas de la Declaración de 1956. La analogía con Gibraltar, Ifni o el Sáhara es jurídicamente insostenible; su persistencia en el discurso marroquí responde a lógica política, no a derecho.

1.3 La monarquía alauí y la religión como arquitectura del poder

1.3.1 Dinastía alauí desde 1666, legitimidad cherifiana y Amir al-Muminin: autoridad religiosa acotada (asharí, malikí, sufí), independiente del wahabismo saudí

La dinastía alauí reina en Marruecos desde 1666 y funda su legitimidad en la condición cherifiana: la descendencia del linaje del Profeta. Marruecos es, junto a Jordania, uno de los pocos países musulmanes gobernados por una casa cherifiana, y además un Estado que nunca estuvo bajo dominio otomano, lo que alimenta un relato de continuidad soberana milenaria que la monarquía proyecta sobre sus reivindicaciones territoriales. Tras la interrupción del Protectorado (1912-1956), Hassan II (1961-1999) reconstruyó el poder monárquico sobre tres pilares simultáneos: la centralización del Majzen —el aparato de poder palaciego—, el mando directo sobre lo militar y la autoridad religiosa.

Esa autoridad religiosa se encarna en el título de Amir al-Muminin (Comendador de los Creyentes), que Mohamed VI ejerce con un alcance deliberadamente acotado: no pretende un liderazgo panislámico universal, sino una autoridad religiosa circunscrita a Marruecos y proyectada como soft power hacia África Occidental, donde el Reino forma imames y exporta su modelo. El contenido doctrinal de ese modelo es el triángulo tradicional marroquí: dogma asharí en teología, fiqh (jurisprudencia) malikí en derecho y sufismo como espiritualidad social. Se trata de un islam institucional explícitamente opuesto al wahabismo saudí —del que Marruecos no depende—, lo que otorga a la monarquía una doble ventaja estratégica: legitimidad interna frente al islamismo contestatario y valor para Occidente como socio de contrapeso religioso. Para el analista, lo relevante es que la reclamación de Ceuta y Melilla se inserta en esa arquitectura: recuperar las ciudades «ocupadas» es un deber de Estado investido de legitimidad dinástica y religiosa, no una opción política revocable por un gobierno de turno.

1.3.2 La Gran Mezquita Hassan II (1993): financiación popular y panislámica, simbolismo sobre el Atlántico, monumentalidad como mensaje de Estado

La Gran Mezquita Hassan II de Casablanca, inaugurada en 1993, es la materialización arquitectónica de esa arquitectura de poder. Su financiación combinó una suscripción popular nacional —con contribuciones, voluntarias o inducidas, de millones de marroquíes— con donaciones de países musulmanes y del Golfo, lo que la convirtió en proyecto simultáneamente nacional y panislámico. Su emplazamiento no es casual: se alza sobre el Atlántico, en alusión al verso coránico del «Trono de Dios sobre las aguas», con un minarete de 210 metros —el más alto del mundo en su época— coronado por un láser orientado hacia La Meca.

La monumentalidad cumple una función de mensaje de Estado en tres direcciones. Hacia dentro, exhibe la capacidad movilizadora de la monarquía y fusiona devoción popular y lealtad dinástica. Hacia el mundo musulmán, postula a Marruecos como potencia religiosa autónoma frente al eje saudí. Y hacia el Atlántico —esto es, hacia España y Europa—, proyecta la ambición estratégica del Reino sobre su fachada oceánica, la misma sobre la que se juegan hoy la delimitación de aguas, la fachada canaria y la reclamación de Ceuta y Melilla. La mezquita no es, por tanto, un dato cultural accesorio: es la declaración petrificada de que la monarquía alauí se entiende a sí misma como potencia con horizonte territorial y oceánico pendiente.

1.3.3 De Hassan II (Marcha Verde 1975) a Mohamed VI: Ceuta y Melilla como legado pendiente; la lección de Perejil 2002 (Operación Romeo-Sierra) y el paso a la guerra híbrida

El precedente operativo de la estrategia territorial marroquí es la Marcha Verde de 1975: Hassan II movilizó a cientos de miles de civiles para forzar la salida española del Sáhara y consumar su anexión de facto, demostrando que la presión demográfica instrumentada por el Estado podía obtener resultados territoriales sin guerra convencional. Esa lección —la masa humana como vector de coerción— forma parte del repertorio doctrinal marroquí y resulta directamente pertinente para el análisis de la frontera de Ceuta y Melilla.

Mohamed VI ha heredado el dossier con una jerarquía clara: consolidado el Sáhara como prioridad primera (Plan de Autonomía de 2007, reconocimiento estadounidense de 2020), la reclamación de Ceuta, Melilla, los peñones y la plataforma atlántica constituye el legado pendiente de la monarquía. El punto de inflexión fue la crisis de Perejil de 2002: la ocupación del islote por un destacamento marroquí fue revertida por la Operación Romeo-Sierra de las Fuerzas Armadas españolas, una acción militar rápida y sin víctimas que restauró el statu quo. La lección que Rabat extrajo fue estructural: la acción militar directa contra un socio de la OTAN tiene un coste inasumible. Desde entonces, la estrategia se reorientó hacia la guerra híbrida: presión diplomática gradual (los hitos de 1.2.2), asfixia aduanera y comercial sobre ambas ciudades, instrumentalización de los flujos migratorios y ofensiva de narrativa soberanista, todo ello por debajo del umbral de la confrontación armada —y coherente con la fórmula del Senado de 2023, «sin recurrir a las armas»—. Es en este marco donde la valla adquiere su sentido histórico. Si la presión militar quedó descartada en 2002 y la reclamación territorial es un imperativo dinástico irrenunciable, la frontera terrestre de Ceuta y Melilla —los dos únicos puntos de contacto terrestre entre la Unión Europea y África— se convierte en el escenario donde la coerción híbrida marroquí se ejerce con mayor intensidad: la infraestructura fronteriza no es una respuesta a la inmigración en abstracto, sino el blindaje material frente a una estrategia de Estado que ha hecho de la movilidad humana un instrumento de presión soberanista. El capítulo siguiente reconstruye la génesis y evolución de esa infraestructura, desde la primera alambrada sanitaria de 1971 hasta la valla antitrepado de 2022.

La valla que hoy delimita Ceuta y Melilla no nació como frontera migratoria ni como obra única, sino como el resultado acumulado de cinco décadas de respuestas sucesivas a presiones distintas: sanitarias, policiales, migratorias y, finalmente, de seguridad integral. Cada generación del dispositivo conserva la huella de la crisis que la motivó, y su cronología corrige una creencia extendida: la primera barrera física en la frontera hispano-marroquí no data de los años noventa, sino de 1971. Este capítulo reconstruye esa evolución material —trazados, alturas, materiales, sistemas de vigilancia y costes— como premisa indispensable para entender el diseño actual y sus efectos sobre los flujos que el capítulo siguiente analizará en profundidad.

2.1 Antecedentes y primera generación

2.1.1 La alambrada de 1971 en Melilla (epidemia de cólera): el origen olvidado

La primera barrera física documentada en el perímetro no respondió a una presión migratoria, sino sanitaria. En 1971, ante una epidemia de cólera declarada en Marruecos, las autoridades españolas erigieron en Melilla una alambrada militar de aproximadamente un metro de altura destinada a canalizar el tránsito hacia los puntos de control sanitario (Delegación del Gobierno en Melilla, en respuesta a Maldita.es, 16/02/2021; Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR). Se trataba de un obstáculo simbólico más que defensivo: una cerca baja, sin medios técnicos, pensada para ordenar flujos peatonales y no para impedirlos.

Este antecedente, habitualmente omitido en la cronología oficial, tiene relevancia analítica. En primer lugar, demuestra que la instrumentalización de la frontera terrestre como instrumento de control de riesgos —sanitarios entonces, migratorios después— es anterior en dos décadas al relato habitual que sitúa el origen de la valla en Schengen. En segundo lugar, el episodio de 1971 anticipa un patrón que se repetirá en cada generación posterior del dispositivo: la infraestructura se construye siempre a reacción, tras un evento concreto, y no como resultado de una planificación estratégica de largo plazo. La alambrada del cólera desapareció con la emergencia, pero dejó establecido el principio de que el perímetro de Melilla era un espacio físicamente cerrable.

2.1.2 Primera valla moderna (1993-1996): contexto Schengen y financiación europea

La primera valla con función migratoria se levantó en la primera mitad de los años noventa, en un contexto marcado por dos factores convergentes: la llegada de ciudadanos argelinos —en el contexto de la guerra civil argelina— y de migrantes subsaharianos que empezaban a usar las dos ciudades como puerta de entrada a la Unión Europea, y la transformación jurídica de España en guardián de la frontera exterior europea tras la Ley de Extranjería de 1985 y la aplicación del acervo de Schengen a partir de 1995. La fuente principal data la primera valla moderna en 1993 en ambas ciudades —en Ceuta, una estructura de alambre de unos 2,5 metros—, mientras que el Centre Delàs d'Estudis per la Pau y el Transnational Institute (TNI) fechan la de Ceuta en 1993 y la de Melilla en 1996 (Centre Delàs/TNI). La discrepancia, menor en lo cronológico, refleja la ausencia de una memoria administrativa única sobre unas obras ejecutadas por fases y con financiación diversa; este informe adopta el intervalo 1993-1996 como horquilla prudente.

Esa primera generación era técnicamente rudimentaria: una malla simple de escasa altura, sin carretera de servicio consolidada ni detección automática, superable con herramientas básicas. Su coste fue asumido en gran parte por fondos europeos, aunque la cuantía exacta figura en disputa entre las fuentes: un estudio cita 33 millones de euros de fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), mientras otra fuente habla de una cofinanciación europea del 75 % del total, sin desagregar el importe (Centre Delàs/TNI; investigación verificada, dato aproximado). Ambas referencias no son necesariamente contradictorias —pueden aludir a fases o partidas distintas—, pero la divergencia aconseja no presentar como cerrada ninguna cifra única de la financiación inicial. Lo que sí es estructural es el hecho en sí: desde su origen, la valla de Ceuta y Melilla fue en parte una infraestructura europea pagada con dinero europeo, precedente directo de la lógica de externalización que hoy articula la cooperación con Marruecos.

2.1.3 Doble valla 1998-2000: Melilla (12 km) y Ceuta (8,3 km), sistema integrado de vigilancia

La segunda generación llegó por decisión política expresa. El Consejo de Ministros de 30 de enero de 1998, con José María Aznar como presidente del Gobierno, aprobó la sustitución de la verja de Melilla por un sistema de doble valla de unos tres metros de altura y 12 kilómetros de longitud, ejecutado por Ferrovial con un coste aproximado de 2.000 millones de pesetas (Maldita.es; ABC, 04/09/1998). El concepto cambiaba de naturaleza: ya no era una cerca sino un sistema, con dos barreras paralelas separadas por un espacio de interdicción que retrasaba la progresión de quien superara la primera y daba tiempo de reacción a la Guardia Civil.

En Ceuta el proceso fue más largo y costoso. El vallado exterior de 8,3 kilómetros y más de tres metros de altura se concluyó en febrero de 2000, tras unos siete años de obras y una inversión superior a 8.000 millones de pesetas, incorporando una carretera de vigilancia perimetral y el primer Sistema Integrado de Supervisión y Vigilancia, con detección automática de intrusión y megafonía disuasoria (El País, 02/02/1999; SOS Racismo). La asimetría de costes entre ambas ciudades —cuatro veces más en Ceuta por un trazado más corto— se explica por la orografía del monte Hacho y el Anyera, que encareció el cerramiento, y por la incorporación temprana del paquete tecnológico.

Con la doble valla de 1998-2000 quedó fijada la arquitectura básica que pervive hoy: dos barreras físicas paralelas, una banda de servicio entre ellas, iluminación y vigilancia electrónica centralizada. La lógica de diseño ya no era impedir todo cruce —imposible con tres metros de altura— sino convertir el cruce en un evento detectable, cronometrado y respondible. Esa lógica de «detección y retardo», más que de impenetrabilidad, seguirá siendo la clave de lectura de todas las generaciones posteriores.

2.2 La crisis de 2005 y el blindaje

2.2.1 Asaltos de agosto-octubre 2005: 14-15 muertos, escaleras artesanales, despliegue del Ejército

El otoño de 2005 marcó el nacimiento del asalto masivo coordinado como táctica, y con él la obsolescencia de la doble valla de tres metros. La secuencia completa de aquel ciclo —los asaltos de Melilla del 28 de agosto y del 6 de octubre y el de Ceuta del 29 de septiembre, con un balance total de 14-15 fallecidos entre agosto y octubre (tesis CESTIM; El País; ABC) y la denuncia de Médicos Sin Fronteras (MSF) por el abandono de migrantes en el desierto— se desarrolla cronológicamente en el capítulo 3 (apartado 3.1). Para la historia material del dispositivo, lo decisivo fue el método empleado: las escaleras artesanales —fabricadas con ramas y material de desecho, portadas por equipos de varias personas y apoyadas simultáneamente en decenas de puntos— derrotaron por saturación el concepto de «detección y retardo»: el sistema detectaba, pero no podía responder a cien puntos de escalado a la vez.

La respuesta inmediata fue la militarización: despliegue del Ejército en apoyo a la Guardia Civil y un refuerzo mutuo de los contingentes de vigilancia a ambos lados de la frontera, primer precedente de la corresponsabilización operativa de Marruecos en la defensa material del perímetro.

2.2.2 Elevación a 6 metros, concertinas (2005), sirga tridimensional de Melilla (2006)

La lección de diseño extraída de 2005 fue que el parámetro crítico era la altura de escalado y el tiempo de superación. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero elevó en consecuencia la doble valla de tres a seis metros —con configuración de triple barrera en Melilla—, instaló en 2005 concertinas (hélices de alambre con cuchillas) en la coronación de los tramos más expuestos y añadió medios activos como rociadores de pimienta (CISDE; La Vanguardia, 22/01/2020).

La pieza más singular de esta generación fue la sirga tridimensional de Melilla, informalmente bautizada como «tercera valla»: un entramado de unos 1.200 kilómetros de cable de acero tensado a lo largo de 9,9 kilómetros, con un coste aproximado de 20 millones de euros y una capacidad declarada de retardar la progresión de un intruso unos quince minutos, presentada en su momento como la primera barrera de su tipo en el mundo. La fuente principal la data en 2006, mientras el Centre Delàs la sitúa en 2007, discrepancia menor que probablemente refleja la diferencia entre licitación y entrada en servicio. La lógica de la sirga era puramente de retardo: no impedía, pero convertía la escalada en un proceso lento, doloroso y visible, restituyendo al dispositivo la ventaja temporal que las escaleras habían anulado. Su eficacia real fue objeto de debate desde el principio, y su mantenimiento resultó costoso, lo que anticipa su desmantelamiento quince años después.

Conviene subrayar el carácter contradictorio de esta generación: el blindaje de 2005-2006 aumentó la letalidad potencial del perímetro —las cuchillas causaron centenares de heridos a lo largo de los años— sin reducir la presión, que simplemente se acumuló en los asentamientos del monte Gurugú (Melilla) y de los bosques del entorno de Fnideq (Ceuta), a la espera de nuevas oportunidades.

2.3 Sistemas de vigilancia y tecnología

2.3.1 SIVE, cámaras térmicas, sensores, reconocimiento facial en pasos fronterizos (2019)

Paralelamente a la barrera física, el componente tecnológico fue ganando peso relativo. El dispositivo de Ceuta y Melilla se integró en el entorno conceptual del SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior), concebido originariamente para el control marítimo del Estrecho y extendido después como doctrina de vigilancia de toda la frontera exterior. La arquitectura madura combinaba cámaras de videovigilancia, sensores de infrarrojos, sensores volumétricos y de movimiento, focos de iluminación perimetral, cableado de fibra óptica y un centro de control que fusionaba todas las señales (Biblioteca del Congreso de Chile; CISDE).

La renovación de 2019 ilustra el estado del arte: en Ceuta se modernizó el circuito cerrado de televisión con 66 cámaras, 14 de ellas térmicas, y se incorporó reconocimiento facial en los pasos fronterizos habilitados —El Tarajal en Ceuta; Beni Enzar, Barrio Chino, Mariguari y Farhana en Melilla— (La Moncloa, 15/11/2019). El reconocimiento facial en los pasos legales responde a una lógica distinta de la de la valla: no detecta el cruce irregular sino que automatiza la verificación de identidad en el cruce regular, por donde transitan cada día decenas de miles de personas en el llamado comercio atípico fronterizo.

El análisis de esta capa tecnológica obliga a una matización relevante para el conjunto del informe: la valla como sistema es ya más electrónica que acero. Los sensores volumétricos y térmicos garantizan que prácticamente ninguna aproximación al perímetro pasa inadvertida; el cuello de botella del dispositivo ya no es la detección sino la capacidad de respuesta física de los agentes en la franja entre vallas y, sobre todo, la posibilidad jurídica de actuar sobre quien la ha superado. Esta paradoja —máxima capacidad de observación con capacidad de intervención limitada— reaparecerá en los capítulos sobre el marco jurídico y la situación actual.

2.4 De las cuchillas a la valla inteligente

2.4.1 Retirada de concertinas 2019-2020 (Plan de 32 M€, Grande-Marlaska) y desmantelamiento de la sirga

Las concertinas tuvieron una trayectoria oscilante que resume el debate político sobre el dispositivo: retiradas parcialmente en 2007, fueron repuestas íntegramente en 2013 tras los grandes asaltos de aquel periodo, y en 2018 el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció su sustitución definitiva por elementos «menos lesivos». El Consejo de Ministros de 18 de enero de 2019 aprobó el Plan de Refuerzo y Modernización de los cerramientos, dotado con 32 millones de euros en total (La Moncloa, 15/11/2019).

La retirada efectiva se ejecutó en diciembre de 2019 en Ceuta y en enero de 2020 en Melilla, quedando completada hacia junio de 2020, y fue acompañada del desmantelamiento de la sirga tridimensional de Melilla, la «tercera valla» de 2006-2007 (La Vanguardia; Público; Centre Delàs). El cambio de criterio era simultáneamente ético —las cuchillas, emblema de la denominada «Europa fortaleza», eran causa recurrente de lesiones y de condena social— y de ingeniería: las concertinas, instaladas sobre vallas escalables, añadían daño pero no impedimento real a quien trepaba con protección improvisada, y su eliminación solo era viable si la barrera base se rediseñaba para ser intrínsecamente imposible de trepar.

Un dato lateral pero significativo: mientras España retiraba las cuchillas de su lado, Marruecos instaló concertinas en el suyo con financiación europea (Centre Delàs). La externalización del control migratorio incluyó así también la externalización de los elementos más lesivos del dispositivo, desplazando a territorio marroquí tanto el coste humano de la disuasión como la responsabilidad política por ella.

2.4.2 La nueva valla antitrepado (TRAGSA/ISDEFE, 17,9 M€): 10 m, peines invertidos, rodillos giratorios, chapa opaca; finalización 2021-2022

La sustitución integral de las viejas estructuras se adjudicó a TRAGSA (empresa pública del Ministerio de Agricultura) con estudio técnico de ISDEFE (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, empresa pública dependiente del Ministerio de Defensa), por un importe de 17.899.886,69 euros —8.366.337,42 euros en Ceuta y 9.533.549,27 euros en Melilla—, dentro del paraguas del plan de 32 millones, con inicio de obras en noviembre de 2019 y un plazo previsto de diez meses (La Moncloa, 15/11/2019). La elección de dos sociedades estatales, una de ellas de ámbito defensivo, subraya la consideración del perímetro como infraestructura de seguridad nacional y no como obra civil ordinaria.

El diseño resultante representa un salto cualitativo respecto a todas las generaciones anteriores. La nueva estructura combina barrotes en la base, una parte central opaca de chapa con perforaciones antitrepado —que impiden el apoyo del pie y bloquean la visión hacia el interior—, una rejilla superior y una coronación con «peines invertidos»: tubos semicirculares orientados hacia Marruecos sobre los que es imposible asirse, completados en el diseño final con grandes rodillos metálicos giratorios que anulan cualquier punto de agarre en la cima (La Vanguardia/EFE, 14/10/2020; El Faro de Ceuta, 05/08/2020; El Faro de Melilla, 25/08/2020). La altura alcanza los 10 metros en los tramos considerados vulnerables —un metro más que el muro promovido por Donald Trump en la frontera estadounidense, según la comparación difundida entonces—, manteniendo el trazado de unos 8 kilómetros en Ceuta y unos 12 en Melilla (Antena 3; El Confidencial).

La fecha de finalización no figura cerrada con fuente directa por ciudad: los tramos a diez metros estaban en obra en octubre de 2020 y las previsiones de cierre se movieron entre 2020 y 2022; la evidencia disponible permite afirmar que las obras quedaron sustancialmente completadas entre 2021 y 2022 (dato aproximado). La lógica del nuevo diseño es coherente con la doctrina acumulada: se elimina todo elemento lesivo pasivo (cuchillas) y se sustituye por imposibilidad mecánica de escalado (altura, superficie lisa, coronación móvil), trasladando el peso de la disuasión de la herida al fracaso del intento.

La lectura de la serie completa revela tres tendencias estructurales. La primera es la escalada de altura: de un metro en 1971 a diez en 2021, multiplicando por diez el obstáculo en medio siglo, con un punto de inflexión claro en 2005, cuando el asalto masivo demostró que tres metros eran escalables en masa. La segunda es la sustitución progresiva de la disuasión por daño (cuchillas, sirga) por la disuasión por imposibilidad física (superficie lisa, coronación giratoria), transición que reduce el coste reputacional del dispositivo sin renunciar a su eficacia. La tercera es la estabilidad del trazado: los 8,3 kilómetros de Ceuta y los 12 de Melilla apenas han variado desde 1998-2000, lo que confirma que el problema nunca fue de longitud sino de escalabilidad. El coste acumulado documentado —en torno a 50 millones de euros contemporáneos más los importes históricos en pesetas— es modesto comparado con los medios humanos desplegados cada año, lo que sugiere que la barrera es, presupuestariamente, el componente menor de un sistema cuyo grueso es personal y vigilancia.

El epílogo de esta evolución es conocido: el 24 de junio de 2022, con la nueva valla ya en servicio, unas 2.000 personas asaltaron el perímetro de Melilla por la zona del Barrio Chino y al menos 23 murieron, la mayor tragedia documentada en estas fronteras (RESI; Reuters; BBC; Amnistía Internacional). El suceso —que el capítulo 3 analiza en detalle— demostró que incluso la barrera técnicamente más avanzada de Europa sigue siendo vulnerable a la masa coordinada cuando confluyen factor humano, punto débil de acceso y respuesta disonante a ambos lados de la frontera. La quinta generación de la valla no cerró la historia del dispositivo: desplazó el flujo hacia el mar, hacia los pasos fronterizos y hacia la propia ingeniería política de las oleadas, como desarrollarán los capítulos siguientes.