Riesgos, escenarios 2026-2030 y conclusiones

Los capítulos precedentes describen un dispositivo fronterizo técnicamente blindado pero políticamente externalizado, sometido a una jurisprudencia propia que se endurece (sentencias del Tribunal Supremo —STS— 114/2024 y 814/2026) y a un vecino que dispone de la llave de paso migratoria, de ventaja informativa (Pegasus) y del respaldo del aliado decisivo en Washington. Este capítulo traduce ese diagnóstico a los instrumentos que el decisor necesita: una matriz de riesgos con indicadores de alerta temprana, tres escenarios para el horizonte 2026-2030 y recomendaciones diferenciadas para el ámbito de inteligencia y el político. Las probabilidades se expresan en bandas cualitativas —baja (inferior al 20%), media-baja (20-40%), media (40-60%), media-alta (60-80%) y alta (superior al 80%)—, evitando la falsa precisión que la escasez de series comparables no permite.

8.1 Matriz de riesgos

8.1.1 Riesgo humanitario y reputacional (nado, 99 muertos 2026); riesgo jurídico (responsabilidad penal de autoridades); riesgo de infiltración; riesgo de crisis diplomática; riesgo Schengen

El desplazamiento del flujo desde la valla terrestre hacia el nado —documentado en el capítulo 4— ha convertido la mortalidad en el mar en el riesgo más probable y de mayor coste reputacional. Los 99 nadadores muertos en 2026 hasta el 1 de agosto (EFE, agosto 2026), tras unos 46 en todo 2025, sitúan la frontera de Ceuta en una trayectoria letal creciente que ninguna medida anunciada —incluidas las «boyas» de Melilla, barreras antiderrames sin capacidad de contención humana (capítulo 7)— ha revertido. El riesgo jurídico ha dejado de ser teórico: la condena de la Audiencia Provincial de Cádiz (septiembre 2025) a la exdelegada del Gobierno en Ceuta —nueve años de inhabilitación por las devoluciones de agosto de 2021— demuestra que la responsabilidad penal de autoridades es un escenario realizado, y el acuerdo Marlaska-Laftit del 30/07/2026, al prever devoluciones que incluyen menores, colisiona con la doctrina del Tribunal Supremo (STS 114/2024) y expone a nuevos procesos (capítulo 5). El riesgo de infiltración combina dos factores constatados: las avalanchas anulan el marcaje biométrico —incluido el Sistema de Entradas/Salidas (EES) desplegado en noviembre de 2025— y abren una ventana para la inyección de activos clandestinos, patrón constatado con agentes de la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED) en mayo de 2021; y la corrupción en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) —dos guardias civiles detenidos en la Operación Hades por el narcotúnel del Tarajal (febrero 2025)— ofrece a servicios terceros un vector de captación y kompromat (material comprometedor útil para coaccionar) sin sofisticación técnica. El riesgo de crisis diplomática es estructural: Marruecos ha empleado dos veces la relajación del control fronterizo como presión (2021 y 2026) y mantiene abierto el frente aduanero (49 importaciones por Ceuta en 2025; colas de hasta 18 horas en el Tarajal). El riesgo Schengen, por último, se materializó ya con la suspensión italiana de la libre circulación con España en 2026, indicador de que la valla puede erosionar desde dentro el activo europeo más valioso de España.

La matriz revela dos patrones que el decisor debe retener. El primero es la correlación entre riesgos: una crisis diplomática abierta (llave de paso) dispara simultáneamente el riesgo humanitario, el de infiltración —la avalancha destruye el marcaje— y el Schengen, de modo que la probabilidad conjunta de un episodio sistémico es mayor que la de cada componente por separado; la crisis de julio de 2026 activó cuatro de los seis riesgos en menos de diez días. El segundo patrón es el desfase entre probabilidad e impacto: los riesgos de infiltración y Schengen no son los más probables, pero son los de efectos más duraderos, porque comprometen respectivamente la seguridad interior del Estado y la posición de España en el club europeo. La lectura prospectiva es que el centro de gravedad del riesgo se ha desplazado de la valla —hoy residual como vector de entrada— al mar, al subsuelo y a la sala de negociación con Rabat.

8.2 Escenarios 2026-2030

8.2.1 Escenario A: gestión pactada (acuerdo Marlaska-Laftit + PEMA); Escenario B: crisis recurrente instrumentalizada; Escenario C: escalada soberanista con respaldo de EE.UU.

Escenario A: gestión pactada — probabilidad media (30-40%). Es la continuación del statu quo posterior al acuerdo Marlaska-Laftit del 30/07/2026: Marruecos mantiene cerrada la llave de paso a cambio de fondos europeos (500 millones de euros, 2021-2027), concesiones comerciales dosificadas y silencio español sobre la presión soberanista, mientras España internaliza el flujo mediante el PEMA — procedimiento fronterizo obligatorio, ficción de no entrada— aplicado en CETI reforzados. En este escenario, el Mundial 2030 opera como freno reputacional y las entradas se estabilizan en niveles gestionables, con mortalidad residual pero no nula. Sus condiciones de posibilidad son frágiles: exige que Rabat no encuentre un agravio que monetizar, que el Tribunal Supremo no invalide las devoluciones pactadas y que la UE renueve la financiación tras 2027 sin exigir control real. Indicadores de consolidación: reuniones de alto nivel con comunicados sustantivos y fechas de normalización aduanera; descenso sostenido de las cifras de Interior en la frontera terrestre. Indicadores de degradación hacia el escenario B: colas recurrentes en el Tarajal, declaraciones soberanistas de órganos oficiales y aplazamientos de la cooperación policial.

Escenario B: crisis recurrente instrumentalizada — probabilidad media (40-50% acumulado en el periodo). Es el patrón 2021-2026 convertido en ciclo: cada agravio de inteligencia o diplomático —un nuevo caso Ghali, una sentencia desfavorable a Rabat, un gesto español hacia Argelia— desencadena una relajación deliberada del control marroquí, una avalancha, la atribución conjunta a «redes de tráfico» y un cierre rápido mediante concesión española. La estructura de incentivos lo favorece: la presión dosificada ha obtenido resultados las dos veces ensayadas (el giro saharaui de 2022; la flexibilización de 2026) y su coste para Marruecos es bajo mientras la UE siga financiando al presionador. El riesgo añadido de la repetición es la fatiga europea: cada episodio refuerza a quienes, como Italia en 2026, reinstauran controles contra España, de modo que el tercer o cuarto ciclo podría convertir la excepción Schengen en norma. Indicadores de alerta temprana: incidentes de espionaje de alta visibilidad; sentencias del Supremo o de Estrasburgo en fase de fallo inminente; movimientos anómalos de unidades auxiliares marroquíes en el perímetro; campañas previas en redes desde cuentas marroquíes.

Escenario C: escalada soberanista con respaldo de EE.UU. — probabilidad baja a media-baja (10-20%), impacto muy alto. En este escenario, Marruecos traslada la presión de la frontera a la soberanía: reclamación formal de Ceuta y Melilla en foros internacionales —el intento de 1975 fracasó, pero el contexto es otro—, incidentes navales o pesqueros en aguas ceutíes, cierre aduanero indefinido y campaña diplomática activa, amparada en el respaldo estadounidense al Sáhara y en la predisposición de la administración Trump a castigar a España. La escalada no requiere acción militar —la lección de Perejil (2002) sigue vigente—: basta la coerción híbrida sostenida para hacer insostenible la normalidad de las dos ciudades y forzar una negociación de estatuto. Los frenos son el Mundial 2030, la dependencia marroquí de los fondos europeos y el coste de romper la ficción de la cooperación «ejemplar»; pero el primero caduca en 2030 y los otros dos no impidieron las crisis de 2021 y 2026.

Indicadores de alerta: iniciativas de inscripción de la cuestión en la agenda de Naciones Unidas; resoluciones parlamentarias marroquíes con lenguaje de «recuperación»; ejercicios con participación estadounidense en el norte de Marruecos; declaraciones de Washington equiparando Ceuta y Melilla al Sáhara. La probabilidad baja no debe tranquilizar: es el único escenario que compromete la integridad territorial y carece de protocolo de respuesta ensayado.

Los tres escenarios no son excluyentes: el A puede degradarse al B por un solo agravio, y el B repetido normaliza el terreno para el C. La variable que discrimina entre ellos no es técnica —la valla seguirá retardando lo mismo— sino política: el estado de la relación hispano-marroquí y el grado de cobertura europea y atlántica que España sea capaz de reconstruir antes de 2030.

8.3 Recomendaciones

8.3.1 Para inteligencia: contrainteligencia en flujos, filtrado sin vulnerar garantías, vigilancia del subsuelo y del mar, protección de mandos FCSE

En el plano de inteligencia, cuatro líneas son prioritarias. La primera es la contrainteligencia dentro de los flujos: dado que las avalanchas anulan el marcaje biométrico, conviene desplegar capacidad de análisis posterior —cotejo de registros EES contra censos del CETI, detección de perfiles atípicos, seguimiento de personas no localizadas tras la tramitación— para cerrar la ventana que la DGED explotó en 2021. El beneficio es recuperar el control de quién ha entrado cuando el control primario falla; el coste es presupuestario y jurídico, pues exige bases de datos interoperables y salvaguardas de protección de datos que el marco actual no contempla con claridad. La segunda línea es el filtrado sin vulnerar garantías: el filtrado debe apoyarse en la tramitación individualizada que exigen la sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 172/2020 y la STS 814/2026, no en atajos materiales; vulnerar las garantías no solo genera condenas (AP Cádiz, 2025) sino que inutiliza probatoriamente cualquier detección de infiltrados. El beneficio es la compatibilidad entre seguridad y Estado de derecho; el coste, la lentitud procesal en picos de avalancha, que debe compensarse con refuerzo de medios y no con excepciones. La tercera línea es la vigilancia del subsuelo y del mar: la Operación Hades demostró que el narcotráfico excava bajo el paso más controlado de España, y los 40 segundos de retardo de los sensores (capítulo 4) evidencian que el perímetro detecta tarde; se requiere georadar periódico en los pasos, sensórica subacuática en el espigón del Tarajal y Benzú, y correlación con inteligencia policial sobre las redes. El beneficio es cerrar los dos vectores que el blindaje no cubre; el coste es una inversión continuada —tras los 541 millones en tecnología de 2018-2025— cuyo retorno es difícil de exhibir políticamente. La cuarta línea es la protección de mandos y personal de las FCSE: contravigilancia sobre los destinados, control del tren de vida, rotación de puestos sensibles y protocolos anticaptación, asumiendo que la corrupción es el vector más barato disponible para servicios terceros. El beneficio es reducir la superficie de kompromat; el coste es la fricción interna que toda vigilancia sobre los propios genera.

8.3.2 Para políticos: desarrollo reglamentario del rechazo, vías legales efectivas, dotación CETI/menores, negociación aduanera firme, coordinación UE

En el plano político, la primera medida es cerrar la anomalía normativa: once años después de la disposición final primera de la Ley Orgánica 4/2015, el rechazo en frontera sigue sin desarrollo reglamentario, lo que deja a los agentes actuando sin el procedimiento individualizado que exige el Tribunal Constitucional y convierte cada crisis en una lotería judicial para los mandos. Promulgar ese reglamento —con los límites de la STC 172/2020 y la exclusión del mar de la STS 814/2026— blinda jurídicamente al personal y retira a Marruecos el detonante judicial que explotó en 2026; el coste es político, pues fija por escrito unas garantías que sectores de la oposición y de las ciudades autónomas percibirán como cesiones, y no resuelve por sí solo la dependencia del gendarme marroquí. La segunda medida es hacer efectivas las vías legales —oficinas de asilo accesibles, visados humanitarios, reasentamiento—, condición que la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (13/02/2020) fijó para la legitimidad del rechazo: sin vías legales reales, la próxima condena de Estrasburgo es cuestión de tiempo, y el filtro policial marroquí sobre las oficinas de Tarajal y Beni Enzar (capítulo 5) la acerca. El beneficio es jurídico y reputacional; el coste, asumir un incremento moderado de solicitudes que se presentará como efecto llamada. La tercera medida es dotar capacidad de acogida acorde a la realidad: un CETI de 512 plazas con picos de 900 y 563 menores tutelados con 27 plazas ordinarias es una bomba humanitaria y de imagen que cada crisis detona; la ampliación y la derivación de menores a la península con reparto vinculante entre comunidades autónomas tiene un coste presupuestario y de negociación territorial elevado, pero es la única vía de que la acogida deje de ser el eslabón débil. La cuarta medida es una negociación aduanera firme: aceptar que 49 importaciones anuales y colas de 18 horas sean el precio de la calma consolida la asfixia como instrumento; España debe vincular la cooperación aduanera a estándares verificables con calendario, asumiendo el coste de que Rabat responda tensando la llave migratoria —coste real, a presupuestar en refuerzo del dispositivo— frente al beneficio de romper la pinza económica sobre las dos ciudades. La quinta medida es la coordinación europea efectiva: aceptar el despliegue de Frontex ofrecido en 2026, activar el Reglamento (UE) 2024/1359 de instrumentalización en la próxima crisis y exigir que la financiación a Marruecos condicione el control real del flanco sur. El beneficio es convertir un problema bilateral asimétrico en un problema europeo; el coste, compartir la gestión de una frontera que España ha defendido como asunto propio y asumir el escrutinio europeo sobre las devoluciones. Ninguna medida altera la variable decisiva —la llave de paso seguirá en Rabat—, pero todas reducen la superficie sobre la que Marruecos puede cobrar el precio de abrirla, única estrategia disponible mientras la asimetría estructural del capítulo 7 no se corrija desde el plano diplomático.

El patrón de los intentos masivos documentados en el capítulo 3 muestra una regularidad que convierte la convocatoria del 15 en algo más que ruido digital: los saltos y avalanchas de mayor entidad no han sido espontáneos, sino agregados en pocas horas a partir de una señal —una fecha, un rumor de «frontera abierta», una relajación observable del control marroquí— que actúa como punto de coordinación (focal point) para poblaciones dispersas y en espera. Mayo de 2021 en Ceuta y el 24 de junio de 2022 en Melilla comparten esa mecánica: la señal no crea la presión acumulada, solo la sincroniza. Por eso el análisis relevante no es si el mensaje es «verdadero», sino cuántas personas en espera creen que lo es y qué hará la gendarmería marroquí ese día.

8bis.1 Por qué el 15 de agosto es una fecha plausible

Cuatro factores convergen sobre la segunda quincena de agosto y explican la elección de la fecha con independencia de quién la haya lanzado. Primero, la ventana meteorológica y marítima: agosto ofrece el mar más practicable del año en el Estrecho, condición que ha desplazado el flujo de la valla al nado y que está detrás de los 99 fallecidos contabilizados hasta el 1 de agosto de 2026 frente a unos 46 en todo 2025 (capítulo 4). Segundo, el calendario institucional: la segunda quincena de agosto es el momento de mínima densidad decisoria en España —delegaciones de Gobierno en funciones de guardia, Cortes disueltas de actividad ordinaria, refuerzos policiales tensados por la campaña estival— y de máxima exposición mediática por escasez de agenda competidora. Tercero, la ventana política abierta por el acuerdo Marlaska-Laftit del 30 de julio de 2026, que al anunciar devoluciones —incluidas de menores— genera un incentivo de anticipación: intentar el paso antes de que el dispositivo se consolide. Y cuarto, el efecto llamada interpretativo de la STS 814/2026 analizada en el capítulo 5 bis: el fallo no abre ninguna vía de entrada, pero circula en las redes de tránsito como si lo hiciera, funcionando como la «zanahoria» descrita en ese capítulo.

8bis.2 Escenarios para el 15 de agosto de 2026

Las bandas de probabilidad siguen la convención del capítulo 8: baja (inferior al 20%), media-baja (20-40%), media (40-60%), media-alta (60-80%) y alta (superior al 80%). Se expresan como juicio analítico sobre información incompleta, no como medición.

8bis.3 Indicadores de alerta temprana (72 horas)

El valor operativo de una convocatoria anunciada es que permite vigilar precursores observables. Cinco son verificables sin capacidades intrusivas: la densidad de población en espera en Fnideq, Castillejos y los montes Gurugú y Bolingo; la postura de la gendarmería marroquí en los puntos de contención —el precursor más predictivo, porque el control del lado sur es la variable que decide el resultado (capítulo 6)—; el volumen y la sincronización de los mensajes que fijan hora y punto de encuentro; la actividad de las redes de facilitación en la reventa de material de flotación; y el tono del canal diplomático bilateral, cuya frialdad ha precedido a las dos crisis anteriores. La ausencia simultánea de los cinco precursores durante los días 13 y 14 degradaría el escenario C por debajo de la banda baja.

8bis.4 Implicaciones y recomendaciones

La primera implicación es humanitaria y no admite espera: si el escenario dominante es el intento por nado (B), la capacidad determinante no es más valla, sino más medios de rescate preposicionados y coordinación previa con Salvamento Marítimo y Cruz Roja, porque el perímetro antitrepado descrito en el capítulo 4 no reduce la mortalidad, la traslada al agua. La segunda es jurídica: cualquier respuesta que reproduzca devoluciones sumarias, y más aún si afecta a menores, colisiona con la doctrina fijada en las STS 114/2024 y 814/2026 y reproduce el riesgo penal ya materializado en la condena de la Audiencia Provincial de Cádiz de septiembre de 2025 (capítulo 5). La tercera es de contrainteligencia: toda avalancha masiva anula el Sistema de Entradas/Salidas y abre la ventana de inyección de activos descrita en el capítulo 8, lo que exige registro diferido pero íntegro de filiaciones y no una amnistía documental de facto. La cuarta es comunicativa: la desmentida verificable y temprana del bulo de «frontera abierta» —en árabe, francés y las lenguas de las poblaciones en tránsito— es la medida de menor coste y mayor rendimiento disponible, y su ausencia deja el relato en manos de las redes de facilitación. La quinta es contractual: si la convocatoria se materializa con relajación observable del control marroquí, se activa exactamente el supuesto de exigencia de resultados sobre los 179 millones de euros analizado en el capítulo 5 ter, y esa exigencia debe documentarse en el momento, no meses después.

Síntesis: la valla ya no es el problema — el problema es el mar, la externalización del control y la instrumentalización; España necesita doctrina propia de frontera sur

Este informe ha recorrido medio siglo de barreras, cuatro crisis con muertos, once años de vacío reglamentario y dos oleadas de presión marroquí con el mismo patrón. De ese recorrido se destilan siete conclusiones.

Primera: la frontera se ha construido siempre a reacción, nunca por diseño estratégico. Desde la primera barrera de Melilla hasta la valla actual de diez metros, cada refuerzo respondió a una crisis previa y persiguió detección y retardo, no impenetrabilidad, con un coste acumulado superior a 100 millones de euros. La consecuencia es un dispositivo técnicamente sofisticado pero inserto en un vacío doctrinal: nadie ha definido qué debe hacer la frontera sur de España más allá de resistir el siguiente asalto.

Segunda: la valla ganó su batalla directa y perdió la guerra del flujo. Los saltos son hoy residuales, pero el blindaje desplazó la presión al nado, donde el coste humano se ha disparado: 99 nadadores muertos en 2026 hasta el 1 de agosto, frente a unos 46 en todo 2025 (EFE, agosto 2026). Paralelamente, la frontera terrestre de Ceuta y Melilla creció un 140% en 2026 (hasta el 15 de julio), mientras el total nacional caía un 24,7% en el mismo periodo, tras el -42,6% de 2025 (Ministerio del Interior, 2025-2026): contra la tendencia nacional, las dos ciudades se han convertido en el punto de concentración del problema.

Tercera: existe una paradoja jurídico-operativa que agrava todos los demás riesgos. El refuerzo del perímetro empujó el flujo al mar justo cuando el Tribunal Supremo excluyó el mar del régimen especial de rechazo (STS 814/2026), de modo que el vector dominante de entrada es también el de mayor protección judicial. Once años después de la disposición final primera de la Ley Orgánica 4/2015, el rechazo en frontera sigue sin desarrollo reglamentario; la condena de la Audiencia Provincial de Cádiz (septiembre 2025) a la exdelegada del Gobierno en Ceuta demuestra que ese vacío se paga con responsabilidad penal de autoridades, y el filtro policial marroquí sobre las oficinas de asilo del Tarajal y Beni Enzar socava la condición de vías legales efectivas que la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (13/02/2020) fijó para la legitimidad del sistema.

Cuarta: la instrumentalización migratoria es un patrón confirmado, no una hipótesis. Las crisis de mayo de 2021 y de julio de 2026 comparten la firma: relajación deliberada del control marroquí, avalancha, atribución conjunta a «redes de tráfico» y cierre mediante concesión española. La crisis de 2026, con una horquilla de entradas de 40.000 a 72.000 personas aún en recuento (fuentes marroquíes y Ministerio del Interior, agosto 2026), activó cuatro de los seis riesgos de la matriz en menos de diez días. La presión dosificada ha funcionado dos veces y su coste para Rabat es bajo mientras la Unión Europea siga financiando al presionador con 500 millones de euros (2021-2027).

Quinta: la dimensión de inteligencia es estructural y va más allá de la migración. Marruecos opera el segundo servicio más agresivo contra España tras el ruso; las avalanchas anulan el marcaje biométrico y abren ventanas de inyección de activos, patrón constatado con agentes de la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED) en 2021; y la corrupción en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado —dos guardias civiles detenidos en la Operación Hades por el narcotúnel del Tarajal (febrero 2025)— ofrece a servicios terceros un vector de captación y kompromat sin sofisticación técnica. El centro de gravedad del riesgo se ha desplazado de la valla al mar, al subsuelo y a la mesa de negociación con Rabat.

Sexta: la asimetría estructural favorece a Marruecos y los frenos tienen caducidad. Rabat acumula la llave de paso migratoria, el respaldo de Washington, la ventaja informativa de Pegasus y el control de la narrativa; España sostiene su posición en frenos externos —el Mundial 2030 como inhibidor reputacional, la financiación europea como anestesia— que caducan o se agotan. La suspensión italiana de Schengen en 2026 demuestra que cada crisis erosiona la posición de España en el club europeo, y el escenario más probable para 2026-2030 es el de crisis recurrente instrumentalizada (probabilidad media, 40-50% acumulado), no el de gestión pactada estable.

Séptima: la variable discriminante es política, no técnica

Ninguna inversión en sensores, altura o efectivos alterará la trayectoria descrita: la valla seguirá retardando lo mismo. Lo que discrimina entre escenarios es el estado de la relación hispano-marroquí, la cobertura europea y atlántica que España reconstruya antes de 2030 y la corrección de dos anomalías internas: el vacío reglamentario del rechazo y la ineficacia de las vías legales. Ambas están en manos españolas; no cerrarlas es regalar a terceros el detonante judicial y reputacional de cada crisis futura.

De estas conclusiones se deriva la valoración final de este informe: España carece de una doctrina propia de frontera sur y la necesita. Setenta años de respuestas tácticas han producido un dispositivo caro, jurídicamente frágil y dependiente del vecino al que precisamente pretende contener. Una doctrina de frontera sur debería integrar en un solo marco la defensa del perímetro físico, el control del mar y del subsuelo, la contrainteligencia en los flujos, la protección del personal desplegado, el cumplimiento condicionado de las obligaciones europeas y, sobre todo, la reducción de la dependencia del gendarme subcontratado: porque una frontera cuya llave de paso está en manos de quien la presiona no es una frontera controlada, sino una frontera negociada en condiciones ajenas.

El horizonte 2030 ofrece una ventana limitada para esa reconstrucción. La historia reciente de Ceuta y Melilla enseña que las crisis no se evitan, se gestionan; y que se gestionan mejor con reglas propias escritas en tiempo de calma que con improvisación en tiempo de avalancha. La alternativa no es el statu quo: es la repetición del ciclo 2021-2026 con costes humanos, judiciales y europeos crecientes.