Quienes sostienen la respuesta y del pasto al plato

La UME es una capacidad estatal de respuesta con relación estatutaria militar, no un empleo laboral ordinario. Como dato institucional, en 2025 realizó 74 intervenciones, de las cuales 57 fueron en incendios (resumen anual UME 2025) (enlace externo, se abre en una pestaña nueva); su historial (enlace externo, se abre en una pestaña nueva) muestra una trayectoria multirriesgo que va mucho más allá del fuego.

Los testimonios sobre campañas encadenadas, vacaciones y descansos desplazados o dificultades de conciliación se recogen aquí como evidencia cualitativa anonimizada. No son una estadística general ni permiten cuantificar la situación del conjunto de la plantilla.

Lo que sí puede describirse con rigor es la exposición acumulativa: humo y calor radiante en incendios, frío e intemperie en temporales, polvo y ceniza en escombro y zonas quemadas, aguas contaminadas en inundaciones —con las recomendaciones sanitarias publicadas tras la DANA (Ministerio de Sanidad) (enlace externo, se abre en una pestaña nueva)— y riesgos eléctricos, biológicos y químicos en entornos degradados. Esa exposición se suma a lo largo del año.

De ahí la tesis del capítulo: recuperación, rotación, vigilancia de la salud y conciliación no son beneficios laborales añadidos, son capacidad operativa. Una reserva que nunca descansa deja de estar disponible cuando más se la necesita.

En el ámbito forestal estatal, las BRIF son refuerzo especializado; su cifra teórica de verano es 516 personas, que no equivale al total de bomberos forestales de España (MITECO, medios terrestres y BRIF) (enlace externo, se abre en una pestaña nueva). En el dispositivo insular, las BRIFOR combinan base anual, refuerzo estacional y voluntariado acreditado: de las 216 personas anunciadas no puede afirmarse que todas sean temporales (Cabildo de Tenerife, operativo) (enlace externo, se abre en una pestaña nueva) y (Operación Prometeo 2026) (enlace externo, se abre en una pestaña nueva).

El voluntariado de Protección Civil es heterogéneo y valioso en evacuación, logística, comunicaciones y apoyo a la población, pero no puede sumarse automáticamente como capacidad de ataque directo al fuego: requiere funciones, formación, EPI, comunicaciones, seguro, mando y acuerdo escrito (Ley 45/2015) (enlace externo, se abre en una pestaña nueva).

Cuando el frente se extingue, la explotación ganadera empieza su propio episodio. Desaparecen pastos y sombra, se pierden puntos de agua, cercados, mangas, abrevaderos y almacenes de alimento, y el terreno tarda en volver a producir (MAPA, superficie forestal y agraria) (enlace externo, se abre en una pestaña nueva).

A eso se añade el estrés térmico y el impacto en el bienestar animal: humo, calor, desplazamientos forzados, cambios de manejo y alteración de la rutina de pastoreo. El resultado habitual es una pérdida temporal de capacidad productiva.

La respuesta también cuesta dinero: compra de forraje, transporte de agua y de alimento, desplazamiento o realojo de animales, reposición de infraestructura y horas de trabajo que no estaban previstas. Ese coste puede trasladarse a la estructura de precios, pero dentro de una cadena multicausal: piensos, energía, enfermedad animal, estructura del mercado, comercio exterior y política agraria actúan simultáneamente.

Por eso este informe no atribuye una subida concreta del precio de la carne únicamente a los incendios: describe el mecanismo y señala los nodos externos que impiden una lectura causal simple.

El bucle se cierra donde empezó el capítulo 03: la ganadería extensiva y el silvopastoreo bien gestionados no son solo actividad económica afectada, son también prevención territorial que reduce carga y continuidad de combustible (MITECO, Orientaciones estratégicas) (enlace externo, se abre en una pestaña nueva).