El territorio antes del fuego y el mando

Cuando llega la ignición, el resultado ya está en buena parte escrito por el estado del territorio: cuánto combustible hay, cómo se conecta en horizontal y en vertical, qué accesos existen, dónde hay agua y qué se ha construido junto al monte. La superficie forestal española es extensa y desigual, y su mantenimiento no se resuelve en los meses de campaña (MAPA, resumen de superficie forestal) (enlace externo, se abre en una pestaña nueva).

El abandono rural ha reducido usos que antes fragmentaban el paisaje: cultivos de borde, pastos, leña, resina y ganado. Sin esos usos, la vegetación gana continuidad y el fuego encuentra recorrido. Las Orientaciones estratégicas del MITECO (enlace externo, se abre en una pestaña nueva) sitúan la gestión del combustible y la planificación del paisaje como marco de la prevención, no como una obra puntual.

Los mosaicos agroforestales, la ganadería extensiva y el silvopastoreo bien gestionados reducen carga y continuidad de combustible y, al mismo tiempo, sostienen actividad económica. Las quemas prescritas son una herramienta técnica, y solo lo son cuando existe planificación, prescripción y ejecución por un servicio competente: sin ese marco no son gestión, son riesgo.

Gestionar no es arrasar. «Limpiar el monte» no significa dejarlo desnudo: significa decidir dónde interrumpir la continuidad, qué estratos tratar y qué conservar, con criterio selvícola y ecológico. Las actuaciones preventivas en áreas de bajo riesgo (enlace externo, se abre en una pestaña nueva) muestran que buena parte del trabajo consiste en tareas discretas y repetidas: fajas, desbroces selectivos, tratamiento de restos y mantenimiento.

Ese mantenimiento incluye lo que nadie fotografía: cunetas, pistas, señalización, balsas, hidrantes y puntos de agua verificados. Y la interfaz urbano-forestal convierte todo lo anterior en un asunto de seguridad de personas: parcelas con vegetación combustible pegada a la vivienda, accesos únicos, evacuaciones difíciles y estructuras que hay que defender mientras el frente avanza.

No conviene tampoco simplificar la física del fuego: no existe una escalera universal que lleve la llama desde la raíz hasta las copas. La transición al fuego de copas depende de la altura y humedad de los estratos, de la continuidad vertical, del viento y de la pendiente, y varía entre formaciones vegetales.

En una emergencia conviven tres planos que conviene no mezclar: la dirección política y administrativa, que responde ante la ciudadanía y activa el marco legal; la dirección del plan, que fija objetivos de protección y moviliza recursos; y el mando operativo del incidente, que convierte esos objetivos en estrategia, táctica y seguridad sobre el terreno. El Sistema Nacional de Protección Civil (Ley 17/2015) (enlace externo, se abre en una pestaña nueva) articula ese reparto de funciones.

La consecuencia práctica es sencilla: la jefatura de intervención debe recaer en quien tiene competencia técnica acreditada para dirigir la maniobra, con equipos de apoyo al mando —análisis del fuego, meteorología, cartografía, seguridad, logística e información— que sostengan la decisión. Coordinar mesas y organismos es imprescindible, pero no equivale a dirigir tácticamente un incendio.

Este informe no evalúa personas. Señalar que una función exige competencia técnica no es atribuir incompetencia personal a nadie, ni afirmar que un título jurídico incapacite por sí solo para desempeñar un puesto: lo que se pide es que la capacidad esté acreditada y sea verificable (marco de personal de protección civil, RD 1755/2007) (enlace externo, se abre en una pestaña nueva).

La segunda pieza es la especialización. Bombero forestal, urbano, de interfaz, industrial, aeroportuario, naval o nuclear no son categorías intercambiables: cambian la misión, la formación, el equipo, los riesgos y los límites. Los dispositivos estatales y autonómicos publican qué medios y unidades despliegan (MITECO, medios terrestres y BRIF) (enlace externo, se abre en una pestaña nueva), y el paso pendiente es clasificar cada unidad por capacidades acreditadas, no por el uniforme que viste ni por la administración de la que depende.